La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado la decisión del Ayuntamiento de Salamanca de continuar por la vía judicial un conflicto relacionado con el proceso de promoción interna para cubrir seis plazas de inspector de la Policía Local.
Según explica el sindicato, un trabajador recurrió el proceso al considerar que se habían producido irregularidades en la valoración de sus méritos. El caso llegó a los tribunales y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Salamanca le dio la razón en junio de 2024.
Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó la resolución en marzo de 2025. El Ayuntamiento recurrió entonces ante el Tribunal Supremo, que finalmente inadmitió a trámite el recurso de casación el pasado 20 de julio de 2026.
El origen del conflicto
El procedimiento correspondía a un concurso-oposición restringido para cubrir seis plazas de inspector mediante promoción interna.
CSIF explica que el trabajador afectado cuestionó, entre otros aspectos, la valoración de las titulaciones y la puntuación recibida por el trabajo desarrollado para la evaluación del desempeño.
Según recoge la resolución judicial, en este último apartado se produjeron deficiencias relacionadas con los principios de publicidad, transparencia y motivación. Por este motivo, el juzgado estableció que el procedimiento debía retrotraerse respecto al trabajador que presentó el recurso, es decir, que debía volver a una fase anterior para corregir lo señalado por el tribunal.
A raíz de la decisión del Tribunal Supremo, CSIF considera que el caso demuestra, según sus palabras, que "no estábamos ante simples discrepancias personales con una puntuación".
El sindicato sostiene que el Ayuntamiento debería haber actuado de otra manera desde el principio y critica que el conflicto haya tenido que pasar por diferentes tribunales.
CSIF considera "difícilmente justificable" que el Ayuntamiento haya prolongado el procedimiento y señala que, a su juicio, se ha obligado al trabajador a afrontar años de litigio para defender sus derechos dentro de un proceso de promoción interna.
