El concejal de Hacienda y Régimen Interior, Fernando Rodríguez, ha hecho un balance sobre la financiación del transporte urbano en Salamanca. Rodríguez ha explicado este viernes, que como consecuencia de la pandemia, el transporte público urbano ha sufrido importantes caídas en el número de usuarios, así como en los ingresos derivados del pago de las tarifas por su utilización. Ha informado que el pasado año 2021 se registró en Salamanca un descenso de viajeros del 37% respecto a los años previos. En cuanto a los ingresos por el pago de tarifas se sitúa en algo más del 40%. De la misma manera, el concejal explicó que en el primer trimestre del 2022 respecto al mismo periodo de 2019, la reducción de viajeros se situó en un 27% y los ingresos por el pago de tarifas, en un 30%.
Del mismo modo, Rodríguez ha hecho alusión a las medidas económicas aprobadas por el Gobierno de España el 29 de marzo, en las que "pretendía apoyar a las empresas del transporte. Sin embargo, e incumpliendo los acuerdos previos, ha excluido al sector del transporte urbano". El concejal ha comentado que esta decisión supondrá un "un serio perjuicio a los ayuntamientos". Como consecuencia, el concejal ha manifestado que los ayuntamientos se han visto obligados a aumentar las aportaciones que realizan para financiar el funcionamiento de este servicio público esencial.
Por ello, desde el Ayuntamiento de Salamanca, reclaman al Gobierno que apruebe un nuevo fondo extraordinario para compensar el incremento del déficit de explotación de los servicios de transporte urbano. Por este motivo, Rodríguez ha solicitado que modifique el Real Decreto-Ley 6/2022 para dar cabida al transporte urbano en las ayudas al sector del transporte. En el caso de Salamanca, en el año 2021 la subvención para hacer frente al déficit de explotación del servicio se incrementó en un 36,5% respecto de la del 2019 (casi 9,1 millones de euros frente a casi 6,7 millones, respectivamente).
Fernando Rodríguez ha concluido resaltando que tal agravio genera un serio perjuicio a los ayuntamientos como administraciones competentes en la prestación de dicho servicio, pues “el aumento desmesurado del coste de los combustibles que consumen los autobuses urbanos está provocando un incremento del déficit de explotación de este servicio público, que en el caso de las empresas públicas será asumido directamente por ellas, y en el caso de concesiones será reclamado a los ayuntamientos por las empresas concesionarias”. En el caso del transporte urbano de Salamanca, el precio medio del Kwh de gas natural ha subido casi el 86% en 2021 respecto de 2019, “y en 2022 las cosas no apuntan a mejor de momento”, ha manifestado.
