Este miércoles a las 12:00 horas, las puertas de los juzgados de Salamanca, así como sus aledaños, han acogido los 10 minutos de paro, convocados a nivel nacional por el sector judicial, en defensa de la independencia de este poder.
El acto no solo ha reunido a numerosos profesionales del ámbito judicial, sino también a más de una veintena de ciudadanos que se han dado cita en el lugar para mostrar su respaldo a los mismos.
Entre los asistentes estuvieron presentes el concejal y portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Salamanca, Alejandro Pérez de la Sota; Ignacio Rivas, ex portavoz municipal del mismo partido; y José Antonio Vega, presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca. Por otro lado, la ausencia más destacada fue la del fiscal jefe de Salamanca, Juan José Pereña.
Durante la concentración, en medio de aplausos y consignas como “Sánchez dimisión”, “libertad” y “viva nuestros jueces”, se ha procedido a la lectura del manifiesto por parte de José María Crespo, magistrado de la Audiencia Provincial, y José Antonio Vega.
En el texto, se ha advertido de una “amenaza a la independencia judicial” derivada de recientes iniciativas legislativas. En concreto, se ha denunciado el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Según los convocantes, estas reformas no responden a ninguna demanda social y han sido duramente criticadas por el Consejo General del Poder Judicial.
A su juicio, su aprobación supondría un deterioro en la calidad del sistema de acceso a la judicatura y la fiscalía, al eliminar contenidos fundamentales y sustituir las pruebas objetivas por evaluaciones subjetivas y potencialmente manipulables.
También han alertado sobre la creación de un centro de formación de opositores bajo control gubernamental, lo que, según han señalado, podría derivar en una selección de jueces y fiscales basada en criterios ideológicos. A ello se suma, han explicado, la intención de integrar a 1.300 jueces sustitutos sin evaluación de aptitud, lo que —afirman— vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad, y perjudica a miles de opositores en activo.
En cuanto al Ministerio Fiscal, los manifestantes mostraron su preocupación por el refuerzo del poder del Fiscal General del Estado, nombrado directamente por el Gobierno, al considerar que este cambio podría suponer un riesgo de injerencia política en las investigaciones por corrupción.
Finalmente, los convocantes denunciaron un clima de ataques continuados al poder judicial y a la Fiscalía, lo que, han referido, erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales.
Han advertido, además, que de no retirarse las iniciativas legislativas señaladas, no se descarta adoptar nuevas medidas de protesta; dícese, huelga.
