El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), mayoritario entre los funcionarios de Justicia en Salamanca, ha mostrado su profunda preocupación ante el calendario de traslados de los órganos judiciales que se está ejecutando en la ciudad como consecuencia del inicio de las obras de rehabilitación del Palacio de Justicia de la Gran Vía, previstas para comenzar el 24 de noviembre según la Subdirección General de Obras y Patrimonio del Ministerio. Tras una larga espera, STAJ denuncia que ahora las actuaciones “parecen querer desarrollarse a una velocidad inusual”, con el riesgo de generar importantes problemas organizativos.
El sindicato detalla que los traslados ya realizados afectan a órganos clave: el 12 de noviembre la Audiencia Provincial fue reubicada en las plantas 4ª y 5ª del edificio Anexo de Gran Vía 39-41; el día 13 se trasladó el Juzgado de lo Social nº 3 al edificio de Torres Villarroel; el 17 lo hicieron los Juzgados de lo Contencioso nº 1 y 2; el 18 los Juzgados de lo Social nº 1 y 2; y el 19 el Juzgado de Primera Instancia nº 9 y Vigilancia Penitenciaria al edificio de Colón.
Sin embargo, STAJ advierte que esta reordenación es solo la antesala de una segunda fase aún más profunda: la implantación del Tribunal de Instancia de Salamanca, prevista para el 1 de enero de 2026. La nueva estructura obligará a reubicar a todos los funcionarios en servicios comunes, lo que implicará nuevos traslados en cuestión de semanas para muchos trabajadores que acaban de cambiar de sede.
El sindicato denuncia disfunciones como juicios celebrándose en edificios distintos a los del órgano judicial, problemas en la recepción de correo, falta de salas de vistas preparadas y fallos estructurales en las nuevas dependencias —armarios mal ubicados, material extraviado o espacios compartidos inadecuadamente—.
STAJ reclama una planificación rigurosa a la Gerencia Territorial y al Ministerio y exige soluciones “urgentes” para evitar un “caos cuyas consecuencias pueden ser inimaginables”.
