El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha reconocido el derecho de un agricultor a recuperar 4.810,29 euros por la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos correspondiente al gasóleo bonificado utilizado en 2023, pese a que sus depósitos no estuvieran debidamente legalizados, según informa ICAL.
La Sala concluye que la falta de legalización de las instalaciones de almacenamiento no supone, por sí sola, la pérdida del derecho a la devolución cuando queda acreditado que el combustible fue adquirido y utilizado efectivamente en la actividad agraria.
La sentencia puede afectar a otros procedimientos similares, ya que la Agencia Tributaria ha denegado numerosas devoluciones por incidencias relacionadas con la autorización o capacidad de los depósitos.
