La ayuda de veinte céntimos por litro de carburante, presentada por el Gobierno como su medida ‘estrella’ para paliar los efectos del aumento de los precios, que obliga a las gasolineras a adelantar dicha rebaja, ha generado no poca polémica y mucha desasosiego, pues afecta directamente a la solvencia de numerosas estaciones de servicio que no disponen de la tesorería suficiente para adelantar el dinero.
Ante esta situación, desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) se pide a la Junta de Castilla y León que tome cartas en el asunto y emule las medidas tomadas en otras comunidades autónomas, de modo que puedan subsanarse las carencias en las formas en que se realiza dicho descuento por “la improvisación del Gobierno”, de modo que “las estaciones de servicio y sus trabajadores no se vean desamparados y puedan continuar con su actividad sin verse perjudicados”.
En este aspecto, los leonesistas señalan, por ejemplo, la medida planteada por la Comunidad Valenciana, que a través del Instituto Valenciano de Finanzas ofrecerá a las estaciones de servicio valencianas financiar al 0% dicha rebaja hasta que el Gobierno mejore el proceso de devolución, con lo que las gasolineras “no sufrirían las tensiones de tesorería que supone adelantar el dinero a los consumidores”.
Una medida de alivio económico para las pymes y autónomos de las estaciones de servicio que supone “una ayuda prestada desde una comunidad autónoma que bien podría aplicarse desde la Junta de Castilla y León”, según ha afirmado el secretario general de UPL, Luis Mariano Santos, quien reclama a la Junta medidas de ayuda en este sentido al sector de las gasolineras.
Por ello, desde Unión del Pueblo Leonés piden a PP y Vox “que dejen de perder el tiempo en repartirse sillones y finalicen con la paralización de la gestión administrativa de la autonomía, que ve pasar los días sin que pase nada”.
De este modo, los leonesistas piden a la Junta “soluciones para garantizar la sostenibilidad de las pequeñas gasolineras”, señalando que “no se puede seguir esperando a que PP y Vox diriman sus diferencias para el reparto de sillones mientras el tejido social y económico de nuestras gasolineras se viene abajo por no tener una sostenibilidad financiera que desde la administración autonómica se puede garantizar pese a la chapuza del planteamiento del Gobierno central”.
