El Ayuntamiento de Boada denuncia públicamente la "grave situación" de su residencia de mayores que, en otros problemas, se ha quedado sin personal suficiente para cubrir los turnos nocturnos. Esta situación ha obligado a que el alcalde, Juan Matías, y la teniente de alcalde, Eva María Moro, hayan llegado a asumir personalmente la atención de los internos durante dos noches consecutivas
Con el objetivo de crear empleo local y garantizar el bienestar de los mayores, la residencia de mayores de Boada abrió sus puertas en 2016. Desde el Consistorio aseguran que todo marchó bien durante sus primeros cinco años y que la empresa gestora cumplió con lo pactado, pero "la pandemia marcó un punto de inflexión, iniciando una serie de incumplimientos por parte de la empresa que han derivado en la situación límite actual".
El Ayuntamiento alega una larga lista de irregularidades, entre las que se encuentran el impago del canon pactado con el Ayuntamiento, acumulando una deuda de 45.000 euros, el mpagos a proveedores (lo que llevó a la residencia a quedarse sin calefacción ni agua caliente), el corte de luz por parte de Iberdrola y falta de mantenimiento básico en las instalaciones y el riesgo sanitario por legionela, detectado por inspecciones de la Gerencia de Asuntos Sociales, debido a la falta de mantenimiento del sistema de agua caliente.
"Ante esta situación, el equipo municipal ha emprendido acciones legales contra la empresa, pero el Juzgado de Instrucción rechazó la demanda tras dos años, indicando que debía haberse seguido la vía administrativa", explican desde el consistorio. "Al mismo tiempo, la Gerencia de Asuntos Sociales realizó inspecciones en la residencia, confirmando deficiencias considerables y sancionando al Ayuntamiento con 3.001 euros, declarándolo responsable subsidiario pese a que la gestión de la residencia no está en sus manos", aseguran.
Tras la intervención de la Fiscalía y el Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Salamanca, el Ayuntamiento recibió dos opciones: cerrar la residencia (que implicaría la reubicación de los internos en otros centros de la comarca) o adjudicar la gestión a una nueva empresa.
Esta última fue la opción elegida por el equipo municipal, que inició negociaciones con otra empresa. Sin embargo, las trabajadoras actuales exigen el reconocimiento de su antigüedad con la empresa anterior; la nueva gestora no acepta esta condición, lo que está llevando al bloqueo del proceso.
Pero la crisis alcanza su punto máximo los días 28 de febrero y 1 de marzo, cuando una baja imprevista deja sin cobertura el turno de noche. Las trabajadoras restantes manifiestan que no pueden asumir ese servicio por falta de personal y el Ayuntamiento, pese a buscar con urgencia personal cualificado, no consigue realizar contrataciones al no estar dado de alta en el sector, tal y como indican su gestoría y su secretario municipal.
Ante la falta total de respuesta de las instituciones responsables, el alcalde Juan Matías y la teniente de alcalde Eva María Moro han asumido personalmente el cubrir dichos puestos de trabajo de la residencia durante la noche, acompañados por Genara Moro, hija de uno de los residentes y vecina del pueblo. “No podíamos dejarlos solos y abandonados”, defienden.
“Mi moral no me permite dejar a los internos solos y abandonados durante dos noches. Asumimos la responsabilidad porque nadie más lo hacía. En todo momento informamos a la Guardia Civil y a los familiares de la situación", ha asegurado, muy tajante, el alcalde.
Por su parte, la teniente de alcalde, Eva Moro, ha denunciado la falta de apoyo institucional: “Hemos agotado todas las vías legales confiando en que el bienestar de los mayores estaría protegido, pero no ha sido así. Nos encontramos en un caso de indefensión total por parte de las instituciones competentes y de unas leyes que protegen a los que las incumplen”.
El Ayuntamiento ha interpuesto numerosas denuncias contra la empresa gestora; también ha presentado quejas ante la Gerencia de Asuntos Sociales.
Ahora, ante la pasividad de la administración, el Ayuntamiento hace un llamado urgente a la Junta de Castilla y León y a la Gerencia de Asuntos Sociales de Salamanca "para que intervengan de inmediato y pongan fin a esta crisis. Sin que tenga que cerrarse la residencia ya que pese a todo los residentes están bien atendidos y se encuentran a gusto. Y es un bien social para el pueblo y comarca".
Así, los residentes de la Residencia de Mayores siguen en un limbo de incertidumbre, a la espera de que alguien asuma la responsabilidad que hasta ahora ha recaído, injustamente, "en un pequeño ayuntamiento que ha hecho todo lo posible para evitar la tragedia".
