La actual situación, en la que el personal contratado fijo percibe, y no en todas las universidades públicas, el 100% del primer quinquenio y del primer sexenio (aunque tenga reconocidos más), ha sido largamente denunciado por la organizaciones sindicales presentes en la Mesa Paritaria del II Convenio Colectivo de las Universidades Públicas de Castilla y León y en la Mesa Negociadora del III Convenio Colectivo, en los que CSIF está presente, por considerarla atentatoria al principio de igualdad.
Según el vicepresidente del sector autonómico de Educación en CSIF Castilla y León, y responsable de Universidades, Roberto Fernández, la resolución del Procurador del Común viene a corroborar el planteamiento, tantas veces trasladado desde CSIF a la Administración autonómica y a las universidades públicas de Castilla y León, de que la diferencia en el pago actual de los quinquenios y sexenios, entre funcionarios y contratados laborales, no se sostiene jurídicamente.
El Procurador del Común señala que el profesor PDI contratado laboral debería percibir, “en las mismas condiciones que el personal funcionario, los complementos personales por méritos individuales”, dado que “las características de los puestos de trabajo ocupados, la naturaleza del trabajo desarrollado, las tareas confiadas y la formación requerida son idénticas”.
Por ello, CSIF apoyó las iniciativas realizadas por los defensores de la comunidad universitaria a nivel autonómico, e instó a los interesados a presentar una queja ante el Procurador del Común.
Sobre la base de esta resolución, “la Consejería de Educación ya no tiene excusas y tiene una oportunidad de oro, para terminar con un tratamiento injusto tanto tiempo instalado en las universidades públicas de Castilla y León, modificando la norma reglamentaria y destinando los fondos económicos necesarios para cubrir dicha partida”, insiste CSIF.
Sin embargo, este sindicato independiente no se conforma con alcanzar dicho logro, sino que pide a la Consejería una modificación del Decreto 67/2013, de 17 de octubre, como pide el Procurador del Común, y una revisión completa del Decreto 132/2002, de 19 de diciembre, por el que se aprueban los complementos retributivos autonómicos para el personal docente e investigador funcionario de las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León, en los siguientes términos:
