La Junta de Castilla y León creará la Comisión de Política Agraria y Agroalimentaria de Castilla y León como máximo órgano institucional permanente de encuentro y participación de la Administración autonómica, las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas, la industria agroalimentaria y el sector distribuidor. Así se ha acordado hoy en el encuentro que ha mantenido el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, con los representantes de las organizaciones agrarias de la Comunidad: Asaja, Alianza por la Unión del Campo (UPA-COAG) y UCCL.
La nueva comisión se configura como un foro de interlocución de alto nivel que se suma a las iniciativas regionales ya adoptadas para contribuir a garantizar una mayor transparencia de los precios, la mejora de la competencia o a mantener el equilibrio de poder en la negociación y contratación. Esta comisión surge de la necesidad de institucionalizar el diálogo permanente entre la Administración autonómica y los agentes económicos y sociales intervinientes en la cadena de valor agroalimentaria.
Esta comisión, presidida por el responsable del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, se convierte en un órgano colegiado, operativo, de consulta y asesoramiento, cuyas funciones tienen un denominador común: conseguir un mayor equilibrio y transparencia en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores y mejorar el acceso a la información y trazabilidad de la cadena alimentaria. Las organizaciones profesionales agrarias, la representación de las cooperativas, la industria agroalimentaria y la distribución participan de forma equilibrada en la comisión a través de representantes que también actúan en el Consejo Regional Agrario, en el Comité Asesor Agroalimentario y en el Comité del Cooperativismo Agrario.
La Comisión de Política Agraria y Agroalimentaria de Castilla y León será el foro en el que debatir las grandes orientaciones de la política agroalimentaria de la Comunidad, que marque las líneas de acción de los órganos consultivos que regula la Ley 1/2014, de 19 de marzo, lo que permitirá mejorar el buen gobierno de los asuntos agrarios, agroalimentarios y de desarrollo rural, en un escenario en el que se relacionen, de manera permeable pero inseparable, el sector productor con el de la transformación y la distribución.
De esta forma, la nueva Comisión de Política Agraria y Agroalimentaria integra al Consejo Agrario de Castilla y León, los consejos agrarios provinciales, el Comité Asesor Agroalimentario de Castilla y León, el Comité del Cooperativismo Agrario de Castilla y León y las mesas sectoriales de sectores productivos, que superan así el modelo de órgano informativo para convertirse en órganos que informan sobre los asuntos que se someten a su consideración y formulan propuestas en materia agraria, agroalimentaria y de desarrollo rural.
El Consejo Agrario de Castilla y León, a nivel regional y los consejos agrarios provinciales, a este nivel, se constituyen en órganos de participación, diálogo y consulta no solo en materia agraria, como lo era el Consejo Regional Agrario de Castilla y León del que el actual Consejo Agrario de Castilla y León es sucesor, sino también en materia de desarrollo rural, siendo los foros por excelencia en los que las organizaciones profesionales agrarias desempeñan su papel de interlocutores del sector agrario en la planificación y desarrollo de la política agraria que les atribuye el artículo 174 de la Ley Agraria.
En el comité asesor agroalimentario de Castilla y León se tratarán, desde una perspectiva integral, las interrelaciones que se producen dentro del ámbito agroalimentario entre el sector productor, con el de la transformación y la distribución, dando naturaleza administrativa permanente al modelo establecido de plataformas de competitividad puesto en marcha por la Consejería de Agricultura y Ganadería.
En el marco de la Comisión de Política Agraria y Agroalimentaria de Castilla y León, la presidencia y vicepresidencia de la misma se reunirán dos veces al año con los máximos responsables de las organizaciones profesionales agrarias más representativas en el ámbito regional con el fin de interactuar en torno a la situación de los sectores agrario y agroalimentario y las políticas públicas aplicables.
Las ayudas de la PAC se adelantan
Otro de los asuntos tratados en la reunión mantenida entre Juan Vicente Herrera y los representantes de las organizaciones profesionales agrarias ha sido el anticipo de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Castilla y León se convierte de este modo en la primera comunidad autónoma en ejecutar los pagos previstos. La Consejería de Agricultura y Ganadería se ha comprometido a transferir, antes del 31 de diciembre de 2016, es decir, en el mismo año de la solicitud de ayuda, al menos un 85 % del volumen total de las ayudas directas solicitadas, lo que supone en torno a 800 millones de euros que llegarán a más de 74.000 agricultores y ganaderos de la Comunidad.
El primer pago, que corresponde al 70% de las ayudas, se realizará a partir del 16 de octubre, -el primer día permitido por la Comisión Europea para efectuarlo, que se corresponde con el primer día hábil del ejercicio FEOGA-.
Este anticipo, autorizado en esta campaña por la Unión Europea mediante el Reglamento de Ejecución 2016/11617 de la Comisión de 8 de septiembre de 2016, pretende dar respuesta a la gravedad de la situación económica en determinados sectores agrícolas y, particularmente, en el lácteo.
De este modo, la Consejería de Agricultura y Ganadería comenzará a transferir a 55.729 agricultores y ganaderos el 70 % de los importes correspondientes a las ayudas por superficies, que ascienden a 401 millones de euros, en las que se incluyen el régimen de Pago Básico, el complemento del importe en concepto de Pago Verde y el complemento a los jóvenes agricultores.
Además, a primeros de noviembre se anticipará la ayuda asociada al sector vacuno de leche a 1.388 ganaderos por un importe aproximado de siete millones de euros. En ese mismo mes se ejecutará, también, un segundo anticipo de ayudas por superficies en el que se incluirán los expedientes con controles sobre el terreno y otros en los que se hayan subsanado incidencias administrativas y cuyo importe se estima en torno 80 millones de euros.
En cuanto a los pagos relativos al sector de la vaca nodriza -9.600 ganaderos beneficiarios y un importe de 52 millones de euros-, así como a los ganaderos de ovino-caprino que no disponen de derechos de Pago Básico -150 perceptores y 2,4 millones de euros- se llevarán a cabo a partir de la segunda quincena de noviembre o principios de diciembre, en cuyo caso se efectuara un pago en un porcentaje cercano al 100 % de la ayuda.
