La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha firmado esta tarde con la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), Isabel García Tejerina, y el presidente de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (Saeca), José Ramón Bujanda, el acuerdo mediante el cual se pone en marcha el instrumento financiero del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León. Se trata de una herramienta que permitirá ofrecer al sector agrario y agroalimentario 523 millones de euros hasta 2023 en préstamos con condiciones especiales y garantizados con fondos públicos y, teniendo en cuenta que estos préstamos se devolverán y podrán de nuevo concederse y utilizarse, permitirá triplicar este importe por el efecto multiplicador.
Este nuevo instrumento, que estará dotado con 90 millones de euros –de los cuales 56,7 millones los aporta el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), 23,3 millones la Junta de Castilla y León y otros 10 millones de euros el Mapama–, tendrá como objetivo favorecer la inversión en el sector agrario y agroindustrial y, por tanto, en el medio rural. Es la primera vez que el sector agrario y agroalimentario, en su conjunto, cuenta con una herramienta de estas características.
Castilla y León se convierte, de esta manera, en la primera comunidad autónoma de España que cuenta con esta medida financiera y una de las primeras de Europa. A partir de ahora, será el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente el responsable de aplicar este modelo en otras comunidades interesadas.
Con esta herramienta, la Junta de Castilla y León apoyará proyectos de inversión a través de préstamos que concederán las entidades financieras a los agricultores, ganaderos e industrias con condiciones especiales, préstamos que estarán garantizados con fondos públicos de este instrumento. Se trata, de esta manera, de favorecer principalmente la incorporación de jóvenes con explotaciones competitivas y de impulsar la modernización de explotaciones agrarias y la inversión industrial en el medio rural, aprovechando la materia prima y teniendo en cuenta la Agenda Agroalimentaria +50 que desarrollará la Consejería de Agricultura y Ganadería y que marcará las orientaciones de planificación agroindustrial a medio y largo plazo. Una estrategia asociada a la nueva demanda de alimentos que prevé la FAO a nivel mundial en el horizonte 2050, según la cual se precisarán incrementos de la producción actual en 200 millones de toneladas de carne y 900 millones de toneladas de cereales.
Un sector dinámico que necesita mejor acceso a la financiación
Antes de poner en marcha este instrumento financiero, se ha llevado a cabo una evaluación ex ante de la situación de mercado que afecta al sector agrario y agroalimentario. Esta evaluación ha detectado que es un sector dinámico, que apuesta por la inversión y por su competitividad, pero que es necesario apoyar con garantías para mejorar el acceso a la financiación de las entidades privadas.
La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con líneas específicas de apoyo a proyectos inversores en el sector agrario y agroalimentario a través de ayudas a fondo perdido. Son subvenciones a la modernización de explotaciones agrarias, a las inversiones en la incorporación de jóvenes agricultores y también a proyectos que presentan los empresarios de la industria alimentaria.
Así, los presupuestos para 2018 recogen ayudas a fondo perdido para el conjunto de proyectos en explotaciones agrarias con más de 39,6 millones de euros y para la industria alimentaria con más de 33,8 millones de euros. Pero estas subvenciones, que solo pueden concederse hasta un porcentaje de la inversión, necesitan financiación privada para afrontar la totalidad de la inversión. Esta financiación privada normalmente es obtenida con préstamos de entidades financieras que requieren garantías para que sean concedidos. Por ello, es en esta parte donde se incorpora el nuevo apoyo a través del instrumento financiero, con la aportación de las garantías. Este instrumento garantizará el 20 % del conjunto de la cartera de operaciones que puedan realizarse y, en el caso de que sea una operación individual, el 80 %. En consecuencia, las entidades financieras aportarán el 80 % de la garantía de la cartera y el 20 % en operaciones individuales.
Esta financiación se transferirá, de forma progresiva y según se vaya utilizando a un fondo que gestionará la Sociedad Estatal de Caución Agraria, empresa pública española tutelada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que realizará los análisis de riesgo de las operaciones y que formalizará, con las entidades financieras, las garantías de los préstamos a los proyectos para los que se haya solicitado apoyo a la garantía.
Más de 128 millones de euros el próximo año
Inicialmente se hará una dotación al fondo de 22,1 millones de euros, importe que figura en los presupuestos de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Esta cuantía permitirá préstamos por más de 128 millones de euros el próximo año. Para ello, la Consejería aprobará una convocatoria abierta para que se puedan solicitar las garantías en préstamos hasta este importe global. Las peticiones se podrán presentar directamente en las entidades financieras.
En esa primera convocatoria, 39 millones de euros de préstamos irán destinados a proyectos en explotaciones agrarias y para inversiones de jóvenes agricultores. El resto, 89 millones de euros, serán para proyectos industriales alimentarios y forestales.
El catálogo de préstamos que se ofrecerán en un principio será de una duración de 5, 8, 10 y 12 años de vida, contemplándose la posibilidad de uno o dos años de carencia. Estos préstamos serán compatibles, además, con las subvenciones a fondo perdido ofrecidas por la Consejería de Agricultura y Ganadería.
