La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Salamanca ha alzado la voz ante una situación que está poniendo en serios aprietos a los agricultores de la provincia. A pesar de tener sus carnés de aplicador de fitosanitarios renovados, muchos de ellos se encuentran con la imposibilidad de adquirir estos productos esenciales debido a un fallo en la base de datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El problema radica en la acumulación de solicitudes de renovación de carnés, cuya vigencia es de 10 años, y que deben renovarse tres meses antes de su caducidad. La mayoría de los cursos para la obtención de estos carnés se realizaron a finales de 2014 y principios de 2015, lo que ha generado un cuello de botella en la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, encargada de tramitar las renovaciones y transmitir los datos al ministerio.
Este retraso administrativo está teniendo graves consecuencias para los agricultores, que se encuentran en un momento crucial para la aplicación de herbicidas e insecticidas en sus cosechas de secano y regadío. UPA Salamanca advierte que este problema era previsible, dado que en Castilla y León hay cerca de 48.000 carnés que deben renovarse en un corto período de tiempo.
La organización agraria exige a las administraciones celeridad en la renovación de los carnés y, mientras tanto, que se permita a los establecimientos de venta de fitosanitarios suministrar los productos necesarios a los agricultores que hayan solicitado la renovación de su carné, un hecho fácilmente demostrable.
