La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural prepara una nueva orden sobre sanidad animal en la que, aunque “se adapte al reglamento europeo y a los programas nacionales”, no renuncia a flexibilizar los controles sobre la tuberculosis bovina, bajo la perspectiva de que de las próximas elecciones generales del 23 de julio surja “un cambio de gobierno que pueda favorecer otro modelo de movilidad nacional”.
Así lo anunció el consejero del ramo, Gerardo Dueñas, en una rueda de prensa celebrada este miércoles en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, donde avanzó que la nueva orden tardará “varios meses, aunque no muchos” y que esperó que “pueda ir paralela a determinados cambios en el modelo del programa nacional” de prevención, control y erradicación de enfermedades del ganado que espera que lleguen con ese “cambio de gobierno” anhelado por el consejero.
Informó también Dueñas sobre la elaboración de una guía de funcionamiento interno que explicará “cómo va a hacerse el saneamiento a corto plazo” tras quedar suspendida cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) la resolución de la Junta del pasado 10 de mayo, que ya flexibilizaba la movilidad del ganado.
El texto, cuya legalidad fue defendida este miércoles por Dueñas en declaraciones recogidas por Ical, tenía “discrepancias técnicas” con el reglamento europeo y el programa nacional que entró en vigor el pasado 16 de mayo, según reconoció el consejero, bajo la perspectiva de que “hay muchas interpretaciones dentro de la legalidad”, pero reiteró su esperanza en un nuevo programa, frente al de “máximos” actual, que haga “esa interpretación más flexible del reglamento comunitario” para que “la situación del sector mejore”.
“Todo el mundo busca la erradicación de la enfermedad, pero podemos hacerla de dos maneras”, explicó Dueñas, para quien “no podemos matar a todas las vacas para erradicar la tuberculosis” cuando el del ganado en Castilla y León es “un modelo espectacular en extensivo” que no se puede “eliminar” por ser “una de las principales fuentes de riqueza”.
Por ello justificó la elaboración de la resolución ahora suspendida, pese a que en las conversaciones previas con el Ministerio había cuestiones en la que “te dicen que no irían por ahí, aunque la decisión es autonómica” y aunque “ha habido alguna media que pensábamos que era legal y que el Ministerio ha decidido que no lo es”. No obstante, el secretario general de la Consejería matizó que el Gobierno nacional “planteaban como discrepancias de legalidad cuestiones técnicas”.
De hecho, en un momento de la rueda de prensa, Dueñas reconoció que eran “conscientes” desde la Consejería de que su resolución podía chocar con la legislación europea y que “algún sindicato veterinario podría recurrirla”, pero justificó su texto por la situación “crítica” de un sector, el ganadero, que estaba “demandando un cambio en los criterios de control de la enfermedad”.
Daños al sector
También se refirió Dueñas a la acusación del Sindicato de Veterinarios de este miércoles sobre los 3,8 millones de euros en que cifran el impacto económico negativo sufrido por el sector ganadero por su resolución. Una cantidad que el consejero de Agricultura calificó como “una auténtica barbaridad” que tiene “poco sentido” y que, en todo caso, se debe al “155 que aprobó el lunes el Ministerio”, ya que fue esa orden la que “impidió el movimiento” del ganado “con alevosía”, en relación a que su publicación el lunes impidió movilizar las cabezas de las reses que habían llegado el fin de semana al mercado de Salamanca.
Por último, y tras recordar que este planteamiento de flexibilización que ha emprendido su Consejería procedía “del anterior equipo de gobierno” y que incluso el propio presidente de la Junta ya habló de ello “en 2019 en Tamames”, Dueñas concluyó con un alegato en favor de la flexibilización porque se lleva “muy al extremo la defensa de la salud pública” cuando la posibilidad de zoonosis es “ínfima” y el nivel de afección de la tuberculosis en el ganado es “muy bajo”.
Apoyo “incondicional” a los funcionarios
Aunque no entró a valorar el intento de toma de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca por parte de un grupo de ganaderos el pasado lunes, Dueñas sí respondió a las críticas por la falta de defensa de los funcionarios del servicio de Sanidad Animal de las nueve provincias de la que se ha acusado a la Consejería, considerando “sorpresivo que se haya podido llegar a cuestionar el apoyo incondicional de la Administración a los funcionarios públicos”.
Criticó por ello la “politización” que de esta cuestión han hecho “determinados colectivos que tienen sus propios intereses”, aunque reconoció, en todo caso, que algunos veterinarios mostraron su posición contraria a la resolución del pasado 10 de mayo y que esta “no había pasado por los servicios jurídicos” de la Junta porque, al no ser una orden, “no tenía que pasar”.
En cualquier caso, volvió a reiterar Dueñas la legalidad de su resolución y apuntó que mantendrá, desde la Consejería, la lucha en el contencioso-administrativo para “ayudar a que el sector ganadero, en esas zonas con ganadería salvaje cerca, pueda sobrevivir”, señalando también “vías para favorecer el control de la fauna salvaje” de manera “consensuada” con la Consejería de Medio Ambiente.
