La Alianza UPA-COAG teme las repercusiones que sobre el cultivo de la remolacha de Castilla y León, la región más productora del país, tendrá la decisión adoptada por la Unión Europea de prohibir el uso de tres insecticidas neonicotinoides. Estos productos se utilizan para el tratamiento de la semilla de remolacha, estando acreditada su efectividad en la protección del cultivo frente a insectos, virus, parásitos y plagas. Por otra parte, al ser la remolacha un cultivo que se recolecta antes de su floración, no es una planta atractiva para las abejas y su incidencia sobre la actividad de pecoreo es prácticamente nula.
La Alianza UPA-COAG es sensible ante la problemática de la pérdida de colonias de abejas y apuesta por el trabajo conjunto de agricultores, apicultores, industria fabricante de fitosanitarios y administraciones para buscar soluciones a la disminución de la población de las colmenas. Los cultivos agrícolas necesitan de los polinizadores para su desarrollo, por lo que nos sentimos plenamente identificados y comprometidos con el mantenimiento de las abejas y con la impagable labor que realizan los apicultores.
En este sentido, consideramos que no puede criminalizarse a los agricultores por todos los problemas que afectan a la salud de las abejas cuando está demostrado que la pérdida de colonias se debe a la existencia de múltiples elementos, como el cambio climático, enfermedades como la varroosis o la nosemosis, o especies invasoras como la avispa asiática, entre otras. No obstante, el sector productor ha demostrado en infinidad de ocasiones su total predisposición a colaborar en trabajos técnicos para seguir haciendo un seguimiento exhaustivo de la seguridad de los tratamientos fitosanitarios que se utilizan actualmente en la remolacha.
La prohibición de las tres materias insecticidas no solo va a abocar a los remolacheros a asumir mayores costes económicos sino que puede producir el efecto contrario, al tener que realizar varios tratamientos distintos para controlar los insectos que atacan a la remolacha. El incremento derivado de la utilización de más sustancias químicas en múltiples tratamientos, además de ser discutible desde el punto de vista medioambiental, significa un encarecimiento de costes que puede suponer la puntilla para un sector productor y para los miles de puestos de trabajo que ocupa.
Recordemos que la remolacha juega un importante papel en Castilla y León desde el punto de vista socioeconómico, contribuyendo a fijar la población en el medio rural y dinamizar la economía. Además de los más de 4.000 remolacheros que viven del cultivo, la fábricas existentes dan empleo directo a cerca de 1.500 personas, a las que habría que añadir otras procedentes de los servicios que genera y la necesidad de provisión de insumos procedentes de industrias auxiliares como las dedicadas a fertilizantes, maquinaria, materiales de envasado, almacenaje, hostelería, etc. Merece especial significación la actividad del transporte de materia prima y otros productos vinculados, que suponen un volumen de negocio superior a los 50 millones de euros anuales.
Considerando las repercusiones que tendría para el sector y la existencia de razones justificadas para considerar la excepcionalidad del cultivo de la remolacha ante el uso de los neonicotinoides, la Alianza UPA-COAG exige al Ministerio de Agricultura que reconsidere su posición en este tema e impulse ya mismo una iniciativa para pedir a Bruselas que permita el uso de estas materias en el cultivo de la remolacha antes de que entre en vigor su prohibición a finales de año.
