La Alianza UPA-COAG apura los últimos días de campaña antes de las elecciones al campo que tendrán lugar este 11 de febrero. Por esta razón, secretarios y técnicos han comparecido este jueves a fin de explicar su propuestas de mejora para los agricultores y ganaderos de forma inmediata. Entre ellas, la modificación de las normas urbanísticas subsidiarias en el ámbito provincial.
Para ello conminan a la Diputación de Salamanca a que modifique su normativa en este sentido. Ya que tal y como está planteada desde 1989, que data la actual Legislación, existe una importante limitación a las construcciones dentro de las explotaciones agrarias y ganaderas. Algo que va contra la fijación de población, en opinión de La Alianza.
Según han explicado los técnicos de UPA-COAG, Carlos Sánchez y Jesús Navarro, existe además un agravio comparativo con otras provincias, ya que por ejemplo la Diputación de Ávila tiene una legislación mucho más flexible para los municipios que no tienen normativa propia. Los parámetros que es necesario cambiar en su opinión están relacionados con la altura y la superficie de las edificaciones y la distancia hasta la linde de cada parcela.
Por otro lado, Aurelio Pérez y Guillermo González, secretarios de La Alianza han explicado otras luchas en las que está inmersa la organización. En concreto, Pérez ha anunciado que pelearán por la modificación de la norma del ibérico que actualmente está recurrida en los tribunales europeos. Exigen que se cambie la etiqueta blanca para el ibérico de cebo porque se confunde con el cerdo blanco y que no sea obligatorio esperar 10 meses para sacrificar los ejemplares, puesto que los dos últimos hay que alimentarlos pero sin que aumenten de peso, con lo que hay grandes pérdidas para los ganaderos.
“Nuestras manifestaciones han sido para mejorar la vida de los agricultores y ganaderos. La Alianza no se limita a salvar el puesto cuatro dirigentes como hacen otras organizaciones”, en referencia a Asaja Salamanca, sindicato sobre el que recordaron que les acusó de mentir en 2015 cuando sacaron adelante el proceso judicial que terminó en el devolución de una serie de impuestos relacionados con los hidrocarburos y que, con carácter retroactivo, se prolonga ya hasta los 13 años con un beneficio para la provincia de Salamanca que alcanza los 105 millones de euros.
