El Consejo de MInistros ha aprobado este jueves en sesión extraordinaria un real decreto ley con un paquete de medidas para hacer frente al daño que están ocasionando la sequía y la guerra de Ucrania en la agricultura y la ganadería, y que tendrán un alcance económico de 2.190 millones de euros.
De esta partida global, el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico aportará 1.400 millones para construir nuevas infraestructuras, como plantas desalinizadoras, duplicar la reutilización de aguas urbanas, y reducir los cánones y tarifas de las explotaciones agrarias afectadas. También prevé la ejecución de un nuevo trasvase para reducir la presión sobre los acuíferos que alimentan el Parque Nacional de Doñana.
El real decreto-ley ayuda a los regantes que este año sufran una reducción de su dotación de agua, a quienes se aplicará una exención al canon de regulación y a la tarifa de utilización del agua. Esta exención será del 50 por ciento si el descenso de la dotación es del 40 al 60 por ciento, y del 100 por 100 si supera ese 60 por ciento. Los beneficiarios indirectos de las obras de regulación de la cuenca del Guadalquivir quedan directamente exentos del 50 por ciento de esas cuotas.
Además, modifica la Ley de Aguas para impulsar la reutilización de las aguas urbanas, de modo que crezca un 150 por 100 desde los actuales 400 hectómetros cúbicos anuales a cerca de 1.000 al año en 2027, cuando el agua reutilizada para el abastecimiento de poblaciones será de un 20 por ciento.
Transición Ecológica acelerará la construcción de infraestructuras, algunas de forma inmediata para las cuencas afectadas por la sequía, como bombeos de emergencia y adecuación de tomas para garantizar el abastecimiento durante los próximos meses, por un importe de 35,5 millones de euros. "Se trata de obras que podríamos calificar como de ejecución exprés, ágiles, que garantizan el suministro", apuntó Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En este ámbito de nuevas infraestructuras, se declaran de interés general varias actuaciones en la costa mediterránea, de modo que el Estado asumirá la construcción de desalinizadoras en dos comunidades autónomas que han solicitado apoyo al Gobierno central: Cataluña, con una planta en Tordera por un coste de 220 millones, y Andalucía, con la construcción de desaladoras en Málaga y el Levante almeriense por valor de 200 millones. Además, se intensificará la reutilización en Alicante (224 millones).
"Es obvio que no estarán operativos para este verano, pero es obvio también que estos episodios, que cada vez serán más intensos y graves, requieren de un compromiso especial y que, por tanto, más allá de la lectura que podamos hacer de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas, es clave que podamos acompañar a quienes nos han pedido apoyo", comentó Ribera.
Igualmente, se ha dado luz verde a la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) para que comience a licitar la construcción de nuevas plantas desalinizadoras alimentadas por parques solares fotovoltaicos, en el marco de su segundo Convenio de Gestión Directa, que cuenta con una dotación económica de 600 millones.
Para reducir la presión sobre los acuíferos que nutren el Parque Nacional de Doñana, el Ejecutivo aprobó sustituir los bombeos de agua subterránea que abastecen a la conurbación de Matalascañas (Huelva) por aguas superficiales procedentes de la estación potabilizadora de Palos (cuenca del Tinto, Odiel y Piedras), así como la transferencia de tres hectómetros cúbicos anuales. Las obras necesarias para ejecutar este trasvase y abastecer al municipio serán asumidas por el Estado.
Sector primario
En el ámbito del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el real decreto ley contempla una partida global de 784 millones, de la que el mayor montante serán ayudas directas por alcance de 636 millones.
Habrá 355 millones de euros para los productores de carne y de leche de vacuno, ovino y caprino, mientras que los sectores agrícolas dispondrán de un volumen de ayudas de 276,7 millones de euros. Los productores de miel recibirán cinco millones.
El decreto contempla una nueva ampliación en 20 millones de euros de la dotación para la bonificación de créditos de la línea ICO-MAPA-Saeca (Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) que pueden llegar hasta el 15 por ciento del principal del préstamo.
Igualmente se amplía en tres millones de euros la línea de financiación de avales de Saeca que son necesarios para la obtención de estos créditos.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación vuelve a incrementar en 40,4 millones de euros la partida destinada a subvencionar la contratación de seguros agrarios.
Esta dotación permitirá subvencionar hasta el 70 por ciento del coste de la pólizas ya contratadas -el máximo permitido por la normativa europea- que incluyan la cobertura por riesgo de sequía en los cultivos de secano de herbáceos extensivos, olivar, uva de vinificación, almendro, avellano, kiwi, endrino, alfalfa, remolacha azucarera y maíz forrajero.
En materia fiscal, con el real decreto quedarán eximidas del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) las propiedades de los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan sufrido, en el ejercicio 2023, una reducción del rendimiento neto de las actividades agrarias de, al menos, un 20 por ciento en zonas con limitaciones naturales, según la normativa de la Unión Europea, o de un 30 por ciento en las demás.
Asimismo, se exime del pago de IRPF y del impuesto de sociedades las ayudas que se perciban por los ecorregímenes de la PAC.
PAC
El real decreto-ley contempla que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá los criterios para que, de una forma armonizada, las autoridades competentes de las comunidades autónomas puedan flexibilizar determinados requisitos de las ayudas directas de la PAC, al objeto de que las circunstancias devenidas como consecuencia de la sequía no representen impedimentos añadidos para la percepción de dichas ayudas.
Así, se amplía hasta el 30 de junio el plazo para la presentación de las solicitudes. De esta forma, los agricultores dispondrán de más tiempo para la toma de decisiones sobre sus cultivos en un momento en el que la sequía produce muchas incertidumbres.
En materia laboral, se ha aprobado un aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo devengo tenga lugar entre los meses de mayo a septiembre de 2023, para las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, y entre los meses de junio a octubre de 2023, para los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
Además, se prorroga, hasta el 31 de diciembre de 2023, la medida excepcional de reducción a 10 el número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio agrario en las comunidades autónomas de Andalucía y de Extremadura.
Los agricultores que sean titulares de derechos de riego y que hayan tenido una reducción en los suministros de agua que tienen concedidos se beneficiarán de una rebaja del canon. Esta bonificación será del 100 por 100 si la reducción en la dotación de agua supera el 60 por ciento, y del 50 por ciento si el recorte del suministro ha sido de entre el 40 y el 60 por ciento. Los beneficiarios indirectos de obras de regulación en la cuenca del Guadalquivir tendrán una reducción del canon del 50 por ciento.
