La organización profesional Asaja remitió una carta al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, para alertar de la “amenaza de colapso” que aseguran que puede tener el sector agrario ante la “avalancha y maraña normativa” del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) en España.
Según la opa, la legislación nacional, con “múltiples reales decretos que regulan exhaustivamente aspectos ambientales, agronómicos y económicos”, ha sumido a agricultores y ganaderos en “el desconcierto” y, pese al apoyo y seguimiento “permanente” de los equipos técnicos de las organizaciones agrarias, “ni la propia administración nacional ni regional puede aclarar con nitidez muchas de las dudas que se plantean”.
Por ello, y ante la dificultad de "terminar en el plazo previsto inicialmente la tramitación de la PAC", que debería culminar el 31 de mayo, desde Asaja piden a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que solicite al Ministerio el retraso en la implantación del ‘cuaderno digital’ de las explotaciones agrarias, que debería estar ya en marcha el 1 de septiembre y que es obligatorio para las explotaciones de más de 30 hectáreas de cultivo, o 30 hectáreas de pastos permanentes, o diez hectáreas de cultivos permanentes.
Desde Asaja se considera “materialmente imposible” la adaptación del sector a estas nuevas obligaciones digitales, con cambios de tanta envergadura, en tan sólo los dos meses de verano. “El sector no se puede digitalizar a golpe de decreto desde los despachos, hace falta un período de adaptación para que los agricultores y ganaderos conozcan todas y cada una de sus innumerables obligaciones administrativas y los plazos en que deben cumplirlas y comunicarlas”, apunta la opa.
Por todos estos motivos, Asaja instó a que, desde la administración autonómica, “igual que ya han hecho otras comunidades autónomas”, se solicite al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que retrase la obligatoriedad del cuaderno digital “hasta que el sector esté preparado para este cambio”, especialmente cuando España “parece ser el único país de la Unión Europea que ha decidido implantarlo tan de inmediato”.
