ASAJA ha remitido este martes una carta al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en la que expresa su “tremenda preocupación” tras el inicio y puesta en marcha del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 2023-2027 de España. La maraña normativa publicada en los últimos meses, a destacar la legislación nacional con una ley y múltiples reales decretos que regulan exhaustivamente aspectos ambientales, agronómicos o económicos, han sumido a los agricultores y ganaderos en el desconcierto. Pese al apoyo y seguimiento permanente de los equipos técnicos de las organizaciones agrarias, que llevan meses informando y asesorando a los productores, ni la propia administración nacional ni regional puede aclarar con nitidez muchas de las dudas que se planean al realizar las gestiones burocráticas y administrativas que se les han impuesto a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
ASAJA lamenta que en muchas de las normas nacionales se superan las exigencias que llegan desde la Unión Europea. “España ha ido más allá y ahora vemos las dificultades de su implementación en las explotaciones. El daño está hecho y los parches temporales poco solucionan el problema”, critica.
Todo ello, “está suponiendo una seria amenaza de colapso en el sector agroganadero, que está entre la espada y la pared, obligado a cumplir una normativa mastodóntica que ni la propia administración entiende”, apunta ASAJA. Transcurridas tres semanas de tramitación PAC, “vemos muy difícil terminar en el plazo previsto inicialmente, el 31 de mayo”.
Asimismo, el Ministerio de Agricultura ha marcado el 1 de julio de 2023 como fecha de entrada en vigor del Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria (SIEX), así como el Registro autonómico de explotaciones agrícolas (REA). Y el 1 de septiembre ya tiene que estar en marcha el “Cuaderno digital de explotación agrícola”, que será obligatorio en casi todas las explotaciones profesionales de Castilla y León (aquellas que tengan más de 30 hectáreas de tierra de cultivo, o 30 hectáreas de pastos permanentes, o 10 hectáreas de cultivos permanentes, también las que tengan más 5 hectáreas de regadío o alguna parcela de invernadero).
Desde ASAJA, se considera “materialmente imposible” la adaptación del sector a estas nuevas obligaciones digitales, con cambios de tanta envergadura, en tan sólo los dos meses de verano, julio y agosto. “El sector no se puede digitalizar a golpe de decreto desde los despachos, hace falta un período de adaptación para que los agricultores y ganaderos conozcan todas y cada una de sus innumerables obligaciones administrativas y los plazos en que deben cumplirlas y comunicarlas”, apunta la OPA. Paralelamente, las entidades colaboradoras que les dan soporte en estos trámites con la administración necesitan "tiempo para disponer de los medios humanos y materiales requeridos. Todo ello, sin olvidar el sobrecoste económico que supondrá su implementación en las explotaciones".
Por estos motivos, ASAJA insta a que, desde la administración autonómica, igual que ya han hecho otras comunidades autónomas, se solicite al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que retrase la obligatoriedad del cuaderno digital hasta que el sector esté preparado para este cambio. Teniendo en cuenta, además, que según información del COPA-COGECA, España parece ser es el único país de la Unión Europea que ha decidido implantarlo tan de inmediato.
