El Ministerio de Agricultura ha publicado la orden por la que se prolonga el plazo de solicitud única 2018 del 30 de abril inicial hasta el viernes 11 de mayo, menos de lo pedido desde ASAJA de Castilla y León, que reclamaba una ampliación hasta el 15 de mayo.
Como se señala en el preámbulo de la orden, ha habido varias razones que justifican esta ampliación. Una de ellas es de naturaleza agronómica y por tanto, inevitable: tras una prolongada y grave sequía las constantes lluvias de marzo y abril han dilatado la decisión sobre la siembra de los cultivos de primavera en Castilla y León.
Sin embargo, la segunda razón, que el Ministerio despacha como “adecuación de las herramientas informáticas a la declaración gráfica en general, y en lo que afecta a las superficies de aprovechamiento común y a los controles preliminares en particular”, sí que hubiera podido evitarse si la administración hubiera tomado medidas de antemano. Desde que se abrió el plazo, en el mes de febrero, ASAJA detectó fallos graves en la tramitación de las solicitudes, con mañanas prácticamente perdidas por la imposibilidad de acceder al programa informático oficial.
ASAJA, que es la primera organización agraria en tramitación de ayudas PAC y la primera entidad colaboradora en cuanto a montante global gestionado, por agrupar a un mayor número de profesionales de la agricultura y ganadería, ha estimado en un 20 por ciento las horas perdidas por su equipo técnico por culpa de estos vacíos del programa de la Junta. “Un 20 por ciento significa casi 8.000 horas de trabajo que nuestro equipo, más de 120 técnicos repartidos por todo el territorio de Castilla y León, han dilapidado, teniendo que sacar adelante los expedientes doblando horarios y acudiendo fines de semana”, critica ASAJA.
También la organización agraria lamenta el tiempo perdido por los agricultores y ganaderos, que en muchas ocasiones han tenido que volver a las oficinas para poder concluir sus expedientes, porque el día previsto fue imposible por los continuos fallos del sistema.
Todas estas horas perdidas suponen un importante monto económico que han de asumir nuestras organizaciones provinciales, “sin que la administración se digne a pedir disculpas por ello, y sin tan siquiera recibir una palabra de agradecimiento por parte de sus responsables políticos”.
