La organización agraria ASAJA Salamanca solicita que la Junta de Castilla y León amplíe el período, concluido el 13 de marzo, de exención de las tasas veterinarias en las peticiones de parte por las campañas sanitarias.
La bonificación del 100 % en la tasa por prestación de servicios veterinarios de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre se justificó en la Ley 2/2022, de 1 de diciembre, de rebajas tributarias debido a la situación económica condicionada por la pandemia y el agravamiento de la crisis, incluso, previo a la invasión rusa a Ucrania. La Junta de Castilla y León también argumentó en la ley motivos de “empobrecimiento de las familias, impacto negativo en el consumo y desaceleración en la producción de las empresas”, entre otras cuestiones que dejaban patente “la alta inflación”.
Con estas mimbres, ASAJA Salamanca aclara que las familias ganaderas siguen bajo las mismas condiciones y arrastrando las subidas de precios de los insumos. La organización agraria informa de que “nada ha cambiado que mejore la situación económica de los profesionales del campo; es más, debido a la incidencia en lengua azul o a la campaña de saneamiento por tuberculosis, se incrementarán los gastos ocasionados a las familias.
ASAJA Salamanca cree firmemente que el sector agrario es el único pilar clave para el desarrollo económico del medio rural y, al igual que ocurre con otras tasas como las licencias de caza y pesca libres durante todo el 2023, se deben eliminar aquellas que entorpecen la producción alimentaria como, en este caso, las veterinarias en las peticiones de parte.
