Primero denunció lo sucedido ante la Guardia Civil y en las últimas horas ha enviado una carta al Defensor del Pueblo para que se pronuncie al respecto. A juicio de Navarro no tiene sentido que mientras la Junta de Castilla y León prima con subvenciones la trashumancia, exigiendo a los apicultores de la Comunidad que sus abejas polinicen territorio castellano y leonés durante un mínimo de cinco meses, la normativa de un Ayuntamiento vaya contra esa prerrogativa. Navarro va más allá y acusa a ciertos consistorios zamoranos de dar pie a un ?mercadeo intolerable en el que llegan a pedirte entre cuatro y diez euros por colmena asentada en una finca privada de su municipio?, una práctica absolutamente ilegal y más cuando los colmenares no ocupan montes públicos, justo lo que sucede en este caso. ?Este año me ha pasado a mí pero el año que viene se la pueden hacer a otro?, reflexiona el joven apicultor charro preocupado no solo por perder 25 millones de ejemplares sino también por el destino de su negocio en el futuro teniendo en cuenta que, como han demostrado los hechos, en San Vitero no se le quiere.