La Comisión Europea ha aceptado eliminar los controles de la condicionalidad por la alta carga burocrática que implica para las explotaciones de menos de 10 hectáreas de superficie, una medida que beneficia al 55 por ciento de los agricultores españoles que perciben ayudas de la PAC, unos 345.000. Así lo destacó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en una nota de prensa, en la que informó sobre la reunión que mantuvo el ministro Luis Planas en Bruselas con sus homólogos europeos.
Según el ministro, las propuestas de la Comisión Europea recogen una gran parte de las medidas españolas por lo que afirmó que “van en buena línea para resolver cuestiones que preocupan, como las excesivas exigencias de la condicionalidad reforzada, la complejidad de aspectos como las fotos georreferenciadas o la necesidad de un buen funcionamiento de la cadena alimentaria”.
España ha propuesto que para paliar los problemas que plantea la condicionalidad reforzada, se deroguen las reglas sobre rotación de cultivos y de barbecho para la campaña 2024, además de simplificar los informes de evaluación y rendimiento.
En línea con la simplificación burocrática de la PAC, España y otros países comunitarios han solicitado también simplificar el requisito de las fotos georreferenciadas, ya que suponen una importante carga para los productores.
Gran pacto europeo
Por otro lado, Planas considera necesaria mayor rapidez en la aplicación de las medidas, especialmente en las que requieren una modificación de los reglamentos base, puesto que está a punto de concluir la legislatura europea y los agricultores y ganaderos esperan soluciones urgentes.
De hecho, el ministro ha planteado la necesidad de realizar un nuevo gran pacto europeo por la agricultura y el medio rural, como la mejor forma de dar respuesta a las preocupaciones de los agricultores y ganaderos que se movilizan en las últimas semanas en distintos Estados miembros.
El ministro explicó que este gran pacto para situar la agricultura en la primera línea de debate comunitario debe poner al día los cinco principios básicos recogidos en el tratado fundacional de la Política Agraria Común hace 60 años.
Estos cinco objetivos fundacionales de la PAC son incrementar la productividad agrícola, procurar un nivel de vida equitativo para los agricultores, la estabilización de los mercados, la seguridad en el abastecimiento de alimentos y que estos tengan unos precios razonables para los consumidores.
Cadena alimentaria
Planas ha trasladado al Consejo otras dos cuestiones fundamentales para dar respuesta a las preocupaciones del sector: el buen funcionamiento de la cadena alimentaria para que todos los eslabones obtengan una adecuada remuneración, y la habilitación de fórmulas para que las importaciones de alimentos estén sujetas a las mismas exigencias que están obligados a cumplir los productores europeos.
En relación con la directiva sobre prácticas comerciales desleales, Agricultura valora que se haya presentado un documento de modificación para incluir la prohibición de las ventas a pérdidas como aparece en la ley de la cadena alimentaria española.
Respecto a las importaciones de terceros países, Planas reiteró que España va a defender las cláusulas espejo para que productos que no están autorizados en la UE no puedan ser utilizados en los que lleguen al mercado comunitario.
