Las principales organizaciones agrarias de Castilla y León, Asaja, UCCL y La Alianza UPA-COAG, advirtieron este jueves de la situación “catastrófica” a la que se enfrenta el sector en la Comunidad, con unas pérdidas que superan los 2.000 millones de euros por la peor sequía de los últimos años, y que está poniendo en riesgo la continuidad de miles de explotaciones.
En una manifestación que concentró en Valladolid a cerca de medio millar de persona, además calificar de “insuficientes” las ayudas puestas en marcha por el Gobierno y de reclamar ayudas a la Unión Europea a través del mecanismo de reserva de crisis, también criticaron el abandono de la Junta que, hasta la fecha, no ha puesto en marcha ningún tipo de subvención, aunque si que confirmaron que han sido convocados por la Junta el próximo martes a una reunión del Consejo Agrario.
La manifestación arrancó pasadas las doce horas a las puertas de la Delegación del Gobierno en Castilla y León. Desde la Cúpula del Milenio se dirigieron a la avenida de Isabel la Católica, para cruzar el puente de Poniente. Desde allí, continuaron por la avenida de Gloria Fuertes, hasta la sede de la Consejería de Agricultura y Ganadería, ubicada en la calle Rigoberto Cortejoso.
Además, todas organizaciones resaltaron que ante situación límite a la que se enfrenta el campo las protestas continuarán siempre que las distintas administraciones continúen dando la espalda al sector.
Al inicio de la protesta, el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, recalcó que mientras la media de la cosecha de cereales en la Comunidad ronda los 6,5 millones de toneladas, este año no se alcanzará ni la mitad debido a la sequía. Dujo cifró en 2.000 millones de euros las pérdidas del sector y recordó que esta “catastrófica” cosecha llega después de otra mala campaña, la de 2022, en la que se alcanzaron los cinco millones de toneladas, y con los costes de sementera más altos de la historia.
A su vez, el presidente de Asaja criticó que la Unión Europea no haya puesto en marcha la reserva de crisis, “a pesar de las numerosas medidas ambientales demagógicas que nos ha impuesto”. A su vez, lamentó la lentitud de Bruselas en “auxiliar a los profesionales que dan de comer a la sociedad”, mientras que acusó al Gobierno de discriminar a Castilla y León, ya que en otras comunidades autónomas las ayudas estatales son el doble que las establecidas en la Comunidad.
Alianza
Por su parte, Lorenzo Rivera, de la Alianza UPA-COAG, que estuvo acompañado por Aurelio González, consideró que a la sequía se suman los altos costes de producción, que generan la “tormenta perfecta” y pone en riesgo al sector cerealista, “tan mal como la ganadería”, ya que acumula seis años con producciones muy bajas.
Al igual que Dujo, consideró “insuficientes” las ayudas del Gobierno central y acusó a la Junta de “inacción” ante una situación que también calificó de “catastrófica”. Así, Rivera profundizó sobre los seguros agrarios y exigió a la Consejería de Agricultura que asuma el 30 por ciento que no cubren las pólizas. “Otras comunidades ya han adelantado dinero hace más de un mes, no sé a qué esperan. Extremadura abre el camino, pero aquí debe ser mayor por la incidencia que hay y superar los 200 millones solo para cabaña ganadera”, propuso.
Por su parte, el coordinador regional de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, consideró que el campo está en peor año de las últimas cuatro décadas y como ejemplo indicó que las pérdidas en una explotación de cien hectáreas van a ser superiores a los 100.000 euros.
“O tenemos ayudas o es imposible para muchas explotaciones continuar con la actividad”, advirtió González Palacín, quien coincidió con el resto de opas en que las ayudas del Ministerio “son ridículas y se quedan escasas”, a la vez que apostó por aumentarlas “de forma considerable”.
Además, denunció que la Junta, que “no ha hecho ni una propuesta” desde el 18 de mayo y tildó de “inconcebible” que ante la mayor sequía desde hace 40 años y siendo el sector el primer eslabón de una cadena muy larga que mueve el 20 por ciento del PIB regional, la administración regional no haya tomado aún una medida.
