Trece comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, han alzado la voz ante la Comisión Europea para denunciar al Gobierno central por una "situación de extrema gravedad" en la gestión del informe sexenal del lobo. En una misiva dirigida a la comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswell, las regiones acusan al Ejecutivo de vulnerar el principio de cogobernanza al no convocar la Conferencia Sectorial necesaria para votar el documento antes de remitirlo a Bruselas.
La disputa se centra en la desconvocatoria de una reunión clave, prevista para el 22 de julio. Según las comunidades, el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Sara Aagesen, canceló unilateralmente el encuentro con un "motivo que no la justifica". Esta decisión impide que se vote el informe, lo que, según las autonomías, genera una "quiebra en el Estado de Derecho" y las deja en una "profunda indefensión".
Diferentes visiones sobre el estado del lobo
La polémica subraya la profunda división entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas. Las regiones firmantes, entre las que se encuentran las cuatro comunidades ‘loberas’ (Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria), aseguran que el informe que debería ser votado es uno que ellas mismas elaboraron y que concluye que el estado de conservación del lobo es "favorable". Este documento fue respaldado por una "amplísima mayoría" de las comunidades en una reunión previa, frente a un borrador del Ministerio que, según fuentes autonómicas, contradecía sus alegaciones.
Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica ha solicitado a la UE una ampliación del plazo para la entrega de los informes sexenales, que vencía el 31 de julio. Fuentes del Ministerio han avanzado que el borrador del informe estatal indica que la situación del lobo es desfavorable, lo que, según una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, impediría realizar "controles letales" de la especie. Este punto de conflicto se arrastra desde 2021, cuando el lobo fue incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), y se ha agudizado con la aprobación de la Ley de Desperdicio Alimentario, que permite de nuevo la caza del cánido en ciertas circunstancias.
El enfrentamiento político se ha trasladado también a los tribunales, con organizaciones ecologistas denunciando la "incomprensible disparidad judicial" que permite cazar lobos en algunas comunidades mientras lo prohíbe en otras. La falta de consenso y la escalada de tensiones dejan en el aire el futuro de la gestión del lobo en España, mientras la UE espera el informe definitivo.
