Durante su intervención de apertura, Suárez-Quiñones ha enfatizado la relevancia de abordar los desafíos medioambientales en la Comunidad. Asimismo, ha agradecido la participación de la Fiscalía y del SEPRONA de la Guardia Civil en esta actividad y ha resaltado el esfuerzo conjunto de diversas entidades, que han colaborado en su organización, además de la Fiscalía y la Guardia Civil, la Dirección de los Servicios Jurídicos y la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, así como la labor de los directores del curso, Santiago Mena Cerdá y María Luisa Vidueira Pérez.
El objetivo principal del curso es abordar, mediante la intervención de importantes especialistas de las tres instituciones, el estudio de los delitos contra el medio ambiente y el patrimonio natural, con un enfoque especial en los incendios forestales, pero también otras amenazas a la biodiversidad, y promover la mayor coordinación entre la Fiscalía, la Guardia Civil y la Junta de Castilla y León. El consejero ha resaltado la importancia que tiene la biodiversidad de la Comunidad y los riesgos que la amenazan, con especial dedicación a los incendios forestales. En este sentido, ha destacado “la necesidad de investigar y perseguir las conductas delictivas relacionadas con el medio ambiente para garantizar su esclarecimiento y, si procede, su enjuiciamiento” y para el buen fin de la prevención, y en su caso represión, la “necesidad de maximizar la cooperación entre las tres instituciones presentes en el curso, que son tres pilares básicos a dicho fin”.
“La Junta de Castilla y León tiene esa preocupación y tiene el convencimiento de que el patrimonio natural es un valiosísimo activo de la Comunidad para su desarrollo futuro y para la calidad de vida de los castellanos y leoneses. Así lo recoge el Plan Sectorial del Hábitat que hemos elaborado con los agentes económicos y sociales, porque otro de nuestros convencimientos es la importancia del consenso y de alcanzar grandes acuerdos a medio y largo plazo. Por ello, tras los graves incendios del año pasado, se alcanzó un acuerdo sobre el reforzamiento del operativo de prevención y extinción de incendios forestales el pasado 27 de septiembre de 2022, que está en ejecución y que tiene una senda de importante inversión en los años 2023-2025”, ha declarado Suárez-Quiñones, suponiendo ya importantes mejoras en la estructura, dotación de personal, renovación del material rodante y otros, la digitalización, la seguridad en el trabajo, la formación y el avituallamiento del personal que trabaja en el operativo.
Además, el consejero ha señalado el esfuerzo en curso para utilizar fondos europeos destinados a fortalecer los operativos de prevención y extinción de incendios forestales, reducir accidentes de aves en líneas eléctricas, restaurar humedales y mejorar los hábitats de especies amenazadas. También ha destacado la necesidad de mantener el equilibrio entre la conservación de la fauna silvestre y la vida en el campo, trabajando en colaboración con las administraciones locales, y ha insistido en la obligación de compaginar la actividad agraria tradicional como elemento básico para evitar el abandono rural, causa de la acumulación de combustible y, por tanto, de los grandes incendios forestales.
El consejero ha destacado esa importante inversión con fondos europeos y propios, así como la acción de reformas de estructura y organización, formación, avituallamiento y también la normativa, recordando en este sentido que el pasado 9 de octubre se publicó en el BOCYL la apertura de información pública del texto del futuro INFOCAL, Plan Territorial de Protección Civil ante Incendios Forestales, que junto con los Decretos de Guardias y del Operativo, y otras normas reglamentarias inferiores, supondrán la renovación y actualización a las nuevas circunstancias del acervo normativo reglamentario.
Además, ha recordado que se está produciendo el reforzamiento de medios también de los Servicios de Prevención, Extinción y Salvamento de las entidades locales, con la ayuda de la Junta, lo que conllevará un importante refuerzo de medios para la extinción de los fuegos agrícolas, periurbanos y urbanos que no son competencia directa del Gobierno autonómico.
