La Junta de Castilla y León, junto con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria y Galicia, ha solicitado el aplazamiento de la reunión del Grupo de trabajo del lobo hasta que no se aclaren las circunstancias e irregularidades que se produjeron en la última reunión de la Comisión Estatal para el patrimonio Natural y la Biodiversidad, celebrada el pasado 4 de febrero.
Así se lo ha trasladado el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, José Ángel Arranz, al director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Jorge Luis Marquínez, después de recibir por correo electrónico la convocatoria para este 10 de febrero del Comité de Flora y Fauna Silvestre y del Grupo de trabajo del lobo, una reunión técnica convocada en base a supuestos acuerdos adoptados en la Comisión Estatal.
En ese sentido, las regiones al Norte del río Duero consideran que dicho acuerdo es una propuesta, no un acuerdo, que no da por finalizado el procedimiento administrativo y que además presenta una serie de irregularidades que deben ser corregidas.
Tal y como viene denunciando la Junta de Castilla y León, estas irregularidades afectan tanto a la tramitación del procedimiento, como a la celebración de la última Comisión estatal, ya que el propio Dictamen emitido por el Comité Científico señala “la ausencia de criterios objetivos para la inclusión de especies en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre)”.
Así, la Junta de Castilla y León se suma a las acciones y medidas que las otras comunidades autónomas del Norte del río Duero (Asturias, Cantabria y Galicia) emprenden para frenar la inclusión del lobo en el Lespre.
Estas comunidades, que albergan más del 95 % de los lobos de España, defienden que esta decisión estatal carece de fundamento técnico y científico y vulnera las competencias exclusivas en materia de caza de las comunidades autónomas, pues la propia normativa comunitaria permite que las poblaciones de lobo al norte del Duero puedan ser gestionadas con normas cinegéticas.
