El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la consejera Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, mantendrán este mes de noviembre una reunión en Bruselas con parlamentarios europeos con el fin de informar sobre el impacto negativo que están teniendo para el medio rural, la biodiversidad, el sector primario y, particularmente, la ganadería extensiva las políticas del Gobierno de España.
Es el caso de los daños que provocan los ataques del lobo a la ganadería, agravado por la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), o la aprobación de la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo; o el hecho de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no haya transferido los más de 13 millones de euros comprometidos a Galicia y Castilla y León para compensar a los ganaderos por los daños y para medidas preventivas, negativa basada en “motivos políticos”.
En este sentido, cabe recordar que, tras la aprobación en septiembre de 2021 de la orden ministerial por la que se incluía al lobo en LESPRE, ambos Gobiernos autonómicos decidieron recurrir la decisión ante la Audiencia Nacional, entendiendo que había sido adoptada unilateralmente, con importantes defectos en la tramitación, sin evaluar la anterior estrategia, sin un censo de población de lobos, al margen de las principales comunidades autónomos con presencia de lobos del país y sin ningún fundamento científico.
Más de un año después de aquella primera decisión, los dos consejeros autonómicos comparten su preocupación por la situación generada tras conocerse que el Gobierno central decidió dejar fuera del reparto de los 20 millones de euros reservados este año al lobo a aquellas autonomías que, como Castilla y León y Galicia, no suscribieron la nueva Estrategia Nacional para la conservación y gestión de la especie. Una negativa a la entrega de los fondos, a pesar de ser un importe aprobado en Conferencia Sectorial, como también lo fueron los criterios de reparto y su distribución, que sólo precisa resolución del Secretario de Estado para su entrega a ambas comunidades autónomas, a las que se niega la misma.
La Estrategia fue aprobada en la Conferencia Sectorial del pasado mes de julio, a pesar del voto en contra de las principales comunidades loberas —Galicia, Castilla y León o Cantabria, que concentran entre las tres el 93 % de los ejemplares de todo el país—. Castilla y León y Galicia no votaron a favor de la Estrategia, pues parte de considerar que el lobo está en regresión en España, lo que no es cierto, y por los defectos previos de falta de evaluación de la estrategia anterior y falta de un censo del lobo, aspectos que de ningún modo se pueden aceptar. Los datos que manejan ambas autonomías son que el lobo está en un estado de conservación favorable y en clara expansión.
Por el contrario, estas comunidades sí votaron a favor de la propuesta de reparto territorial de los 20 millones de euros, de los que Galicia recibiría 4,3 millones y Castilla y León, un total de 8,8 millones de euros. Es decir, entre las dos comunidades, 13,1 millones de euros (el 65 % del total).
Un mes después, sin embargo, y en contra de lo acordado en el marco de la Conferencia Sectorial, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) comunicó su decisión unilateral de vincular el acceso a estos fondos a la suscripción previa de la referida Estrategia.
Esta decisión del Gobierno central sobre la transferencia de fondos para el lobo "obedece a motivos políticos" y carece de "fundamento jurídico" al tiempo que "discrimina y perjudica a los ganaderos" de Galicia, Castilla y León y otros territorios que no apoyaron la Estrategia, como coincidieron en señalar Ángeles Vázquez y Juan Carlos Suárez-Quiñones hoy en León. Los fondos no se hurtan a los gobiernos autonómicos, sino a los ganaderos de ambas autonomías, manifestaron ambos representantes.
Por este motivo, la Junta de Castilla y León ha formalizado una reclamación previa a la vía judicial, instando al Gobierno de España para que transfiera las partidas presupuestarias aprobadas, sin perjuicio de la interposición del correspondiente recurso contencioso administrativo. Por su parte, el Gobierno gallego decidió recurrir por la vía contencioso-administrativa la exclusión de Galicia del reparto de los presupuestos del Estado comprometidos con el lobo.
En este sentido, ambos consejeros coincidieron en la necesidad de agotar todas las vías a su alcance para garantizar el equilibrio en el territorio entre el lobo y las actividades propias del medio rural, con el objetivo de evitar que las principales comunidades autónomas loberas del país sean excluidas de una distribución económica a los que tienen un derecho legítimo. Está en juego la propia supervivencia de lobo, y sobre todo, la supervivencia de la ganadería extensiva, y con ello un perjuicio para los ecosistemas; un perjuicio para la mejora del estado de los montes, base imprescindible para luchar contra los incendios forestales, y también se pone en peligro la supervivencia de los pueblos.
