“La reforma del sector del vino y la uva, a través de una nueva normativa comunitaria – que dejará sin efecto los tradicionales derechos de plantación de viña a 31 de diciembre de 2016 –, ha provocado una gran compraventa de derechos” ha señalado el procurador de Ciudadanos. Los derechos que se tuvieran a 31 de diciembre de 2015 se podrán convertir en autorizaciones desde el 15 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2020 solicitándolo a la Comunidad Autónoma donde se registre el derecho de plantación.
Ciudadanos ha detectado que las nuevas plantaciones de viñedos de los últimos años y sus correspondientes subvenciones “no se están resolviendo adecuadamente”, apunta Castaño y añade que el 90 % de las solicitudes de plantación, después de dos años, “no han tenido respuesta de la administración regional” lo que, según el procurador, significa que la tramitación telemática “falla sistemáticamente y se llega a pedir hasta en tres veces la documentación aportada por la administración”.
Asimismo, el procurador de Ciudadanos ha subrayado que también se han detectado problemas con la certificación de las nuevas plantaciones, “las cuales han sido solicitadas, ejecutadas y justificadas por los viticultores”.
David Castaño ha enumerado los problemas de no autorizar y certificar adecuadamente las nuevas plantaciones. “En la PAC el nuevo viñedo seguirá como tierra de labor; la nueva plantación podría ser considerada ilegal y por tanto ser penalizada según normativa europea; el no-cobro de las subvenciones correspondientes con el problema financiero derivado de ello; problemas con la solicitud PAC en su conjunto lo que derivaría en la paralización del cobro en toda la cuantía económica que tuviera asignada el solicitante”, advierten.
A juicio de la formación naranja no se está administrando correctamente los intereses de la Comunidad, “sobre todo si nos comparamos con otras comunidades consideradas ‘rivales’ como Navarra, donde el tiempo estimado para un cambio de titularidad es de una hora y media por más de un año en Castilla y León” ha manifestado David Castaño quien ha concluido que también sería grave “no gastar toda la asignación financiera a la que tiene derecho nuestra Comunidad por no certificar en el plazo estipulado”.
