El sindicato COAG ha emitido un comunicado explicando que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anula la exencención de licencia ambiental de la Junta para las explotaciones intensivas tendrá unas repercusiones que recaerán sobre las macrogranjas, pero que al contrario de la valoración realizada por los promotores del recurso, Ecologistas en Acción, las más perjudicadas serán las explotaciones de tipo familiar.
La Consejería, explica COAG, pretendió flexibilizar el procedimiento administrativo respecto de los controles medioambientales exigibles previos a las actividades e instalaciones y que pretendan ubicarse en Castilla y León o modificar sus capacidades. A las instalaciones que antes del Decreto 4/2018 requerían para su funcionamiento una licencia ambiental otorgada por el ayuntamiento, tras el mismo les bastaba con una comunicación a dicho ayuntamiento.
La flexibilidad introducida por el Decreto no menoscaba, continúa COAG, la salvaguarda del medioambiente, de hecho esta norma introdujo en algunos aspectos condiciones más restrictivas. En ningún caso hay que olvidar que las instalaciones ganaderas siguen estando obligadas a cumplir determinadas distancias a núcleos de población, masas de agua, pozos o normas de gestión de purines y sin perjuicio de que la normativa sectorial pueda ser más estricta para algunos sectores.
Para COAG, la sentencia es negativa porque no va a aportar mayores garantías medioambientales pero sí va a complicar la tramitación, aumentar las cargas administrativas y alargar los plazos para la puesta en marcha de nuevas instalaciones o modificaciones de las existentes. En vez de facilitar, que era el espíritu de la norma, la sentencia va a dificultar el asentamiento de proyectos, la mayoría impulsados por profesionales y por jóvenes en explotaciones de tipo familiar, con las consiguientes consecuencias sobre el empleo y la población en las zonas rurales.
Por otra parte, se crea una enorme incertidumbre para las explotaciones que se acogieron al Decreto 4/2018 y que en base a este en vez de someterse a licencia ambiental se limitaron a presentar comunicación al ayuntamiento. Lo mismo sucede con las explotaciones que quieran iniciar proyectos, tanto unas como otras se quedan en un limbo jurídico, ya que hasta que no exista sentencia en firme no sabrán como actuar ni si están operando o no dentro de la legalidad. Además, puede crearse una enorme indefensión ante posibles denuncias.
