Coag Castilla y León envió un informe a la Comisión Europea que constata el incremento de manadas, de ataques y de ganado muerto. Entre 2019 y el primer semestre de 2023 en Castilla y León hubo 12.556 ataques, en los que el lobo mató a 19.810 animales, según la organización agraria. Entre 2015 y septiembre de 2021, las indemnizaciones por daños han supuesto algo más de siete millones de euros y la Consejería de Medio Ambiente prevé rozar en este año los cuatro millones. Por ello, COAG pidió un plan de gestión que incluya el control de la población de lobos mediante la caza controlada y el abatimiento de ejemplares a cargo de agentes autorizados.
La opa envió este informe en el marco del periodo de alegaciones abierto por la CE, y en el que pone el acento sobre los “negativos efectos para la ganadería de la sobreprotección del depredador”.
Según COAG, el seguimiento de la especie ha permitido determinar de forma preliminar que, al menos, hay 214 manadas de lobos en Castilla y León, lo que eleva la población a unos 1.712-1.926 ejemplares en Castilla y León, según la estimación media de ejemplares de lobo integrantes de una manada, de acuerdo a la metodología técnica-científica utilizada en la elaboración del último censo.
El área de distribución del lobo creció en el periodo inter-censos de 2000-2001 y 2012-2013 es 12.314 kilómetros cuadrados. Con información hasta 2020, se puede afirmar que el área de distribución se mantiene, como mínimo, en el entorno de los 78.494. El número de ataques al ganado en Castilla y León se ha incrementado en 377 en el año 2022 con respecto de los producidos en 2021, pasando de 2.657 a 3.034, lo que supone un incremento porcentual del 20 por ciento.
Por su parte, durante el primer semestre de 2023 se han registrado 1.717 ataques, lo que comparado con el mismo periodo del año 2021 supone un 29 por ciento de incremento y un 13 respecto del primer semestre de 2022. Entre los años 2019 y el primer semestre de 2023 en Castilla y León, se han producido un total de 12.556 ataques. El número de cabezas muertas por ataques de lobo al ganado producidas entre los años 2019 y el primer semestre de 2023 en Castilla y León, suman un total de 19.810.
Entre el año 2015 y septiembre de 2021, las indemnizaciones por daños a ganado han supuesto algo más de 7¡siete millones de euros, repartidos entre más de 12.000 beneficiarios. En ese periodo fueron en total 14.870 las solicitudes de ayuda o de pago compensatorio (fueron rechazadas 2.826 solicitudes, el 20 por ciento) por daños presentadas por ganaderos de Castilla y León, frente a los 15.874 ataques contabilizados.
Efectos “psicológicos”
“Efectos psicológicos y pérdidas económicas” son el peaje que pagan los ganaderos afectados por los ataques de lobos. “Los ganaderos nunca hemos pretendido la erradicación del lobo; más bien al contrario, somos partidarios de una convivencia entre lobo y ganadería, pero sin que seamos los únicos que paguemos la factura del mantenimiento del depredador”, comentó Coag, quien explica que las ayudas públicas “cubren una parte de las pérdidas directas, nunca el total; y nada de las pérdidas indirectas que se producen en la explotación después de un ataque: estrés de los animales supervivientes, pérdida de peso y de producción de leche, abortos, etc”.
Por ello, Coag apostó por “la convivencia”, pero con planes de gestión que pasan, entre otras, por la caza controlada de la especie. “Y no solo nos referimos a la caza deportiva, sino, según los casos, también mediante el abatimiento de ejemplares a cargo de agentes autorizados por la administración competente”, sostuvieron.
Para Coag Castilla y León “es el momento de realizar una profunda reflexión sobre el efecto de una medida proteccionista tomada sin atender a razones objetivas sobre la situación real de la especie, que está en expansión y no en peligro, y sin escuchar a las zonas y sectores más afectados”. “El Ministerio para la Transición Ecológica debe reconocer que la posición de la UE manifestada por su presidenta cuestiona claramente la decisión de aumentar la protección del cánido, por lo que tiene ahora una magnífica oportunidad para rectificar”, advirtió.
Por ello, pidieron al Ministerio la derogación de la Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre, y que se abra un proceso de diálogo con comunidades autónomas loberas y organizaciones ganaderas para consensuar una estrategia nacional de compatibilización de las poblaciones de lobo y el mantenimiento y desarrollo de la ganadería extensiva, que es una pieza fundamental tanto para la pervivencia de las zonas rurales como para la preservación de los valores naturales, paisajísticos, gastronómicos y culturales de las mismas.
