Este lunes, 30 de octubre, se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la Orden por la que se establece un nuevo plazo para la presentación de solicitudes de reconocimiento del derecho a la suscripción de un préstamo preferencial bonificado y para la formalización de los préstamos regulados por la Orden AYG/546/2017, de 29 de junio.
Esta Orden tiene como finalidad garantizar el derecho de todos los titulares de explotaciones agrarias de Castilla y León a acceder a la suscripción de un préstamo preferencial bonificado, abriendo un nuevo plazo de 10 días hábiles para la presentación de solicitudes de reconocimiento de este derecho. El nuevo periodo de solicitud se abre ante la gran cantidad de solicitudes de reconocimiento presentadas, lo que ha causado que alguna de ellas no pudiera presentarse en el plazo dado.
Asimismo, en esta orden se establece otro nuevo plazo, que finalizará el 31 de enero de 2018, para la formalización con las entidades financieras de los préstamos preferenciales bonificados.
Ayuda a la bonificación de intereses
Esta medida de apoyo al sector fue incluida en la declaración de excepcionalidad de la campaña agrícola 2016-2017, establecida por la Junta de Castilla y León debido a los efectos climatológicos adversos y acordada en la reunión que mantuvo el presidente del Ejecutivo, Juan Vicente Herrera, con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias el pasado mes de junio.
Esta línea de ayuda contribuye de forma significativa a dotar de liquidez a las explotaciones agrarias al bonificar el 100 % de los intereses a agricultores profesionales, cotizantes a la Seguridad Social agraria y con rentas por actividades agrarias que supongan más del 50 % y que tengan suscrito un seguro agrario, y el 50 % a los que no tengan contratada una póliza. En ambos casos, además, deben comprometerse a contratar un seguro agrario los próximos tres años.
Condiciones especiales para jóvenes
En el caso de los jóvenes, el 100 % de las garantías y de los intereses estarán financiados por el Estado y por la Junta de Castilla y León, respectivamente, si tienen suscrito un seguro, y el 50 % si no lo tiene. En este caso, no se exige el requisito de ser agricultor profesional en lo que respecta a rentas.
