La Consejería de Agricultura y Ganadería destinará una ayuda de 2,5 millones de euros al fomento de organizaciones de productores en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 ? 2020. La primera anualidad, que tendrá lugar en 2018, contará con una dotación de 500.000 euros.
Con esta medida se pretende concentrar la oferta y mejorar la comercialización, procurando adaptar la producción a la demanda del mercado, optimizando los costes de producción y la estabilización de precios, contribuyendo, así, a fortalecer la posición de los productores en la cadena alimentaria, mejorando la viabilidad de las explotaciones agrarias y su competitividad, al conseguir que los productos comercializados por estas organizaciones tengan un valor más alto en el mercado, lo que redundará en una reestructuración y modernización de las explotaciones agrarias de Castilla y León.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las organizaciones de productores que estén reconocidas oficialmente por la Consejería de Agricultura y Ganadería en función de la normativa nacional sectorial, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de la correspondiente convocatoria, como publica hoy el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). También deberán cumplir el resto de requisitos contemplados que se establecen en esta orden de bases reguladoras.
Los beneficiarios deberán presentar un plan empresarial que indique los objetivos previstos, contemplando de manera específica que, al finalizar el plan empresarial, la organización de productores beneficiaria comercialice, a través de su estructura, el 80% de la producción de sus miembros.
La ayuda consistirá en una cantidad fija que se abonará en tramos anuales durante, como máximo, cinco años a partir de la fecha del reconocimiento oficial de la organización de productores. La cuantía máxima es del 10 % del valor de la producción comercializada, con un límite de 100.000 euros por año.
El beneficiario justificará la realización de las actuaciones subvencionadas, presentando una solicitud de pago, acompañada de la justificación el cumplimiento del plan empresarial que contendrá entre otra documentación una memoria donde se valore el grado de consecución de los hitos anuales indicados en el plan empresarial u una certificación emitida por una auditoría independiente que verificará el grado de cumplimiento del plan empresarial, especificando los porcentajes de cumplimiento correspondientes a la anualidad correspondiente.
