Las Cortes de Castilla y León han aprobado por unanimidad una PNL de los grupos Popular y Ciudadanos para que la Junta se dirija al Gobierno de la nación, con el fin de elaborar una normativa que regule de forma homogénea en todo el territorio nacional la instalación de circuitos cerrados de televisión (CCTV) en los mataderos, como apoyo a los servicios veterinarios oficiales en materia de bienestar animal, normativa que sea elaborada de acuerdo con los sectores implicados (entre otros, representantes de OPAS, cooperativas, operadores de mataderos, sindicatos, etc).
La PNL, aprobada en la Comisión de Agricultura celebrada este martes, recoge la necesidad de mantener un diálogo previo con todos los sectores implicados, con los representantes de los trabajadores y los propios gobiernos autonómicos, así como recoge que se garantice el cumplimiento en materia de protección de datos de las personas que aparezcan en esas grabaciones.
Dados los costes aparejados a la instalación de estos dispositivos, el texto también propone que se valore el impacto económico sobre los costes de producción y control, y se busquen fórmulas para su compensación. Así lo han explicado los portavoces de PP y Ciudadanos en la Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cortes, Óscar Reguera e Inmaculada Gómez, respectivamente.
Óscar Reguera ha señalado que la norma debe ser consensuada con el sector y servir para ayudar, pero no sustituir la eficaz labor de control e inspección que llevan a cabo los servicios veterinarios en los mataderos. Su implantación debe garantizar, tanto una aplicación homogénea en todo el territorio nacional, como el respeto y la protección de datos de carácter personal de los trabajadores y resto de ciudadanos que puedan estar afectados por las grabaciones.
Por su parte, Inmaculada Gómez ha recordado que “reducir el sufrimiento de los animales no está reñido con una producción cárnica de calidad y sostenible”, así como ha recordado que la instalación de circuitos CCTV “no debe entenderse como una presión hacia los productores, sino como un ejercicio de transparencia”.
El texto insiste en la creciente preocupación de los ciudadanos de la Unión Europea por el bienestar animal, en particular sobre las condiciones de vida y de sacrificio de las reses. Una inquietud que ya se incluyó en el Protocolo 33 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (1997) y que no ha dejado de crecer en años sucesivos.
Al contrario, la ciudadanía europea –y por extensión la española– ha incrementado el grado de exigencia respecto al bienestar en el sacrificio de las reses y otros animales con fines alimenticios. Sin embargo, nunca ha habido una norma homogénea y han sido los parlamentos autonómicos los que han tenido que elaborar reglas propias, lo que en la práctica se ha traducido en 17 normas autonómicas que ponen en riesgo la unidad de mercado.
