Los estados europeos votaron esta semana a favor de la reautorización por cinco años más del glifosato, el herbicida más utilizado en el mundo. Representantes de los Gobiernos europeos tomaron la decisión en el Comité de Apelación de Fitosanitarios tras siete intentos fallidos para llegar a un compromiso sobre las propuestas presentadas por la Comisión Europea durante el último año y medio.
España, que ha apoyado la renovación del herbicida en todas las votaciones realizadas, también estuvo ayer entre los 18 Estados europeos que apoyaron la propuesta (en total un 65,71% de la población europea). Nueve Estados, Francia, Italia, Bélgica, Austria, Grecia, Hungría, Chipre, Malta y Luxemburgo, votaron en contra de la renovación. Solo Portugal se abstuvo de votar.
Según Ecologistas en Acción, la decisión de reautorización del herbicida ignora la resolución del Parlamento Europeo, adoptada por mayoría el mes pasado, que exigía la prohibición del glifosato en 2022, así como prohibiciones inmediatas para su uso en parques públicos o espacios infantiles, entre otras restricciones. También ignora la petición de prohibición del glifosato secundada por más de un millón de personas a través de la Iniciativa Ciudadana Europea Stop Glifosato, de la que formó parte Ecologistas en Acción.
El glifosato es el herbicida más utilizado en España y en el planeta, tanto para la agricultura como para el cuidado de zonas verdes, lindes de carreteras y vías de tren. Creado inicialmente por Monsanto, aunque de venta libre en la actualidad, el glifosato fue clasificado como un probable cancerígeno por la Agencia Internacional de Estudios sobre el Cáncer. Asimismo, numerosos estudios evidencian su capacidad de alterar el sistema hormonal de animales y seres humanos.
Ecologistas en Acción lamenta esta decisión, que ignora el principio de precaución y expone a la población y a los ecosistemas europeos durante cinco años más a un tóxico cuyo precio seguirán pagando las generaciones futuras. Asimismo, la organización ecologistas agradece la colaboración de la población que ha conseguido reducir el periodo de autorización desde los 15 años que pretendía la Comisión Europea inicialmente hasta los cinco años actuales.
