Ecologistas en Acción ha destacado que, a partir de este lunes, todas las explotaciones ganaderas diferentes de las porcinas con más de 750 cerdas madres ó 2.000 cerdos de cebo y las avícolas con más de 40.000 gallinas ó 55.000 pollos estarán exentas de licencia ambiental en Castilla y León, pudiendo implantarse e iniciar su actividad con una simple comunicación al Ayuntamiento del término municipal en que se ubiquen, sin información pública, informes previos ni audiencia a los vecinos colindantes.
En opinión de Ecologistas en Acción, se trata “de un retroceso que nos lleva hasta 1961”, año en que se aprobó el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP), legislación estatal básica todavía vigente en las Comunidades Autónomas que “carecen de normativa propia en materia de actividades clasificadas”. Dicho Reglamento incluyó la información pública, los informes de las Comisiones Provinciales y la audiencia a los vecinos colindantes como trámites previos para la obtención de la licencia municipal.
Ya suprimido en 2014 el informe previo de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente, la desregulación de las explotaciones ganaderas intensivas en Castilla y León se completa ahora con la eliminación de la información pública, todo informe previo y la audiencia a los vecinos colindantes, lo que supone para la entidad ecologista una vulneración de la normativa en materia de información y prevención ambiental que hace revivir en Castilla y León el RAMINP, incluida su exigencia de 2.000 metros de distancia mínima a núcleos de población, según ha detallado el colectivo.
Para Ecologistas en Acción, “es llamativo que, frente a esta regulación básica preconstitucional, la nueva normativa de la Junta de Castilla y León limite la distancia mínima de las instalaciones ganaderas no porcinas a los núcleos de población a por ejemplo 100 metros en el caso de la macrogranja bovina de Noviercas”. En su opinión, la “barra libre” para las explotaciones ganaderas industriales va a conllevar un aumento de la conflictividad social, un incremento de la litigiosidad y una mayor inseguridad jurídica para promotores y vecinos.
Por otro lado, la nueva desregulación autonómica conlleva la modificación por decreto de una ley como la de Prevención Ambiental, sin que sobre la misma hayan tenido la posibilidad de opinar las Cortes de Castilla y León, invadiendo el Consejo de Gobierno de la Junta la competencia legislativa exclusiva del Parlamento autonómico.
Por todos estos motivos, Ecologistas en Acción solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la suspensión inmediata del Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades ganaderas en Castilla y León, insistiendo en la necesidad de restablecer las garantías y controles ciudadanos en materia de protección ambiental, en atención al principio de legalidad, a la protección de la salud y el medio ambiente y a los derechos constitucionales a la información y participación.
