El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico trabaja en un real decreto sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, que derogará la normativa actual, aprobada en 1996.
El departamento dirigido por Teresa Ribera inició este lunes el proceso de información pública, que se prolongará hasta el próximo 31 de marzo para que las personas o entidades interesadas hagan las aportaciones que consideren oportunas.
El borrador del real decreto, al que tuvo acceso Servimedia, indica que el objetivo será establecer las medidas necesarias para prevenir y corregir la contaminación de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas causada por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, y actuar preventivamente contra nuevas contaminaciones de esa clase, desde los excrementos del ganado a los fertilizantes sintéticos y el aumento de la eutrofización que provoca el crecimiento de algas descontrolado en el medio acuático.
Con respecto al real decreto de 1996, Transición Ecológica opta por "reducir" en lugar de "corregir" ese tipo de contaminación e incluye las aguas superficiales, de transición y las subterráneas, ya que hace 25 años sólo se consideraban las continentales y las litorales.
Una de las principales novedades de la propuesta de Transición Ecológica es que este departamento hará públicos cada cuatro años mapas con la localización de las aguas afectadas por la contaminación ocasionada por los nitratos, en especial los de origen agrario, así como de las aguas que podrían verse contaminadas si no se toman las medidas oportunas.
Los planes hidrológicos de cuenca podrán establecer umbrales máximos de excedentes de nitrógeno para cada masa de agua o sector de masa afectada por la contaminación por nitratos, que serán los que lleven al logro de sus objetivos ambientales.
Un 50% menos en 2030
El nuevo real decreto llega después de que la Comisión Europea emitiera el pasado mes de julio un dictamen motivado que daba a España tres meses para que adopte las medidas necesarias para subsanar las deficiencias detectadas y cumplir la directiva por nitratos, que pretende proteger las aguas superficiales y subterráneas de la contaminación proveniente de fuentes agrarias. Ese paso es previo a que el Ejecutivo comunitario pueda llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.
Para Greenpeace, el borrador del real decreto es "insuficiente", pero va en la "buena dirección". Esta organización enviará aportaciones y pedirá que la norma incluya una reducción de al menos un 50 por ciento en la emisión de nitratos en 2030.
"Greenpeace celebra que, por fin, tras 25 años, se reforme un decreto planteado cuando comenzaban a despegar las macrogranjas pero pide la mayor ambición posible, ya que actualmente estamos ante una grave situación de contaminación del agua por nitratos, con un procedimiento de infracción abierto y un dictamen motivado de la Comisión Europea sobre la mesa", apuntó Luís Ferreirim, responsable de agricultura de Greenpeace España, que añadió: "Es hora de actuar contra el envenenamiento del agua por parte de la agricultura y ganadería industriales porque sin agua no hay vida, sin agua no hay pueblos".
Según esta organización, España ha incrementado un 67 por ciento el número de cabezas de porcino -una de las más contaminantes por la ingente cantidad de purines que genera- en el último cuarto de siglo, al pasar de casi 19 millones en 1996 a más de 31 millones en 2019. Ese incremento es del 418 por ciento desde 1961, cuando había poco más de seis millones de cabezas.
"Para salvar nuestras aguas hay que ir a la raíz del problema, y en España es, principalmente, la ganadería industrial y la brutal cantidad de animales que tenemos encerrados, hacinados", subrayó Ferreirim. Greenpeace ha puesto en marcha una recogida de firmas contra la ganadería industrial que ha recabado más de 25.000 apoyos en cinco días.
