La organización profesional agraria UPA Castilla y León reclama una normativa y regulación "estricta" que permita instalar placas solares en terrenos no aprovechables para labores agrícolas e impida el uso de terreno fértil para la implantación de plantas de generación de energía eléctrica, e incluso el establecimiento de gravámenes que lo penalicen, tras la propuesta aprobada en el último Congreso Federal de la OPA.
En un comunicado remitido a Ical, UPA Castilla y León no olvida que España tiene el objetivo de que, en el año 2030, el 32 por ciento de la energía final consumida provenga de renovables, pero recuerda que Castilla y León "ha perdido en los últimos 30 años un millón de hectáreas agrícolas", por lo que desde la OPA consideran que "deben blindarse los terrenos de cultivo frente a la ansiedad privada e incluso el afán de las propias administraciones locales por facilitar las instalaciones de energías renovables en todo tipo de terreno rural", algo que desde UPA alertan que "agravaría aún más el problema de la despoblación".
Para UPA, este "nuevo 'boom' de las renovables", a pesar de contar con un "loable objetivo", está desatando "una auténtica ofensiva en busca de todo tipo de suelo" para la instalación de estas plantas de energía renovable, algo que puede acabar siendo "nocivo para el propio profesional de la agricultura y la ganadería".
Por ello, y debido a que "el suelo productor de alimentos es el patrimonio más importante de cualquier sociedad", UPA pide al Gobierno central y a la Junta de Castilla y León "medidas de apoyo para las explotaciones familiares agrarias" y una normativa que impida implantar grandes parques fotovoltaicos y eólicos en "terrenos productivos y cultivables", para que estas instalaciones de generación de energía 'limpia' pasen a "terrenos no aprovechables para uso agrícola".
