El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha manifestado su apoyo a la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de flexibilizar la normativa de protección del lobo, tras reconocer la mandataria europea que algunas concentraciones de lobos son un verdadero peligro para el ganado y las personas.
El consejero, en un comunicado recogido por Ical, ha declarado que se trata de un "hito relevante no sólo para la ganadería, sino también en la conservación del lobo, ya que está demostrado que las estrictas medidas de protección no solo generan conflictos sociales y amenazan la ganadería y son causa de despoblación, sino que tampoco contribuyen al aumento estable de la población de lobos”.
En este sentido, ha instado a la ministra en funciones de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, a la derogación de la Orden Ministerial de inclusión del lobo en el Listado de Especies de Especial Conservación (Lespre) y alinearse con la “imparable corriente europea” para recuperar el equilibrio entre la conservación de la especie y la actividad económico-social en el medio rural.
Desde la Junta se destaca que la Comisión Europea ha dado un paso fundamental en relación a la gestión del lobo en Europa, después de que en noviembre del año pasado el Parlamento Europeo instara a la adopción de medidas para flexibilizar la gestión del lobo, ante la preocupación por los crecientes daños causados por los lobos a la ganadería.
Ahora, la Comisión ha invitado a las comunidades locales, a los científicos y a todas las partes interesadas a presentar datos actualizados antes del 22 de septiembre sobre la población de lobos y sus repercusiones. Sobre la base de estos datos, la Comisión decidirá sobre una propuesta para modificar el estatuto de protección del lobo en la UE y actualizar el marco jurídico, a fin de introducir una mayor flexibilidad, a la luz de la evolución de esta especie.
Según se sostiene desde la Junta, los datos aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la Comisión sobre las poblaciones del lobo no se correspondían con la información que tenían las regiones españolas responsables de la gestión de esta especie, cuestión que fue comunicada el pasado mes de abril por Suarez-Quiñones, junto con sus homólogos de Asturias, Cantabria y Galicia, al comisario europeo de medio ambiente.
Cabe recordar que al norte del río Duero, el régimen europeo de protección del lobo permitía la gestión de la especie a la Administración, lo que hacía que la Junta tuviera un plan de gestión y conservación. Ambos regímenes en Castilla y León, según la Junta, plasmaban cuál es el efecto de uno y otro. Al sur del Duero, el 20 por ciento de la población del lobo venía causando el 80 por ciento de los daños a la ganadería, mientras que al norte del Duero, el 80 por ciento de la población de lobo causaba el 20 por ciento de los daños a la ganadería.
Ahora, lo que estudia Europa es cambiar el régimen, de manera que el que venía disfrutando Castilla y León al norte del río Duero se extienda a otros territorios de la UE.
En el mismo comunicado, desde la Consejería de Medio Ambiente se critica que “por razones no de conservación sino meramente ideológicas”, el Gobierno de España incluyó al lobo en el Lespre, en contra de la opinión de todas las comunidades autónomas loberas, lo que supuso la retirada de facultades de gestión a las comunidades autónomas, incluyendo Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, que concentran el 98 por ciento de la población de lobos. Esta decisión está recurrida ante la Audiencia Nacional por varias comunidades autónomas y organizaciones profesional agrarias.
