El Consejo Agrario de Castilla y León, celebrado en el Salón de Escudos del Ayuntamiento de Medina del Campo, ha servido para que Junta de Castilla y León y Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) dieran luz verde a una declaración conjunta en la que se recogen las principales reivindicaciones que el sector agrario de la Comunidad exige que sean tenidas en cuenta para el próximo período de la Política Agraria Común (PAC) 2028-2034.
Este texto, que ha sido presentado por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, momentos antes de la visita a la edición 2025 de Demoagro, es resultado “de la labor desarrollada por el grupo de trabajo establecido tras el último Consejo Regional Agrario”, tal y como ha explicado, y viene a constatar “nuestro compromiso de apostar por el diálogo y el consenso para impulsar medidas que ayuden a mejorar la competitividad del sector agrario de la Comunidad”.
Entre las principales reclamaciones que integran el documento cabe destacar el mantenimiento de la actual estructura en dos pilares (FEAGA y FEADER), ante la posibilidad de que exista un fondo único donde cada Estado decida su distribución, y un incremento de la dotación presupuestaria dentro del Mecanismo Financiero Plurianual (MFP).
Asimismo, la declaración se refiere a la “más que necesaria” puesta en marcha de estímulos económicos para promocionar el relevo generacional; la imprescindible participación de las comunidades autónomas en el diseño de la PAC post 27, “porque somos, junto a las entidades locales, las que ejecutamos el 50 % de la inversión pública y el 30 % del gasto”, tal y como ha apuntado González Corral, o la inclusión de un criterio de despoblación para el reparto de los fondos, “estableciendo medidas que impongan a los estados miembros una mayor territorialización de esas cantidades”.
También habla de abundar en la simplificación y reducción de trámites burocráticos o de la mejora en las infraestructuras de regulación de los recursos hídricos, “ligadas a una apuesta decidida por la modernización y transformación de regadíos”.
Otras de las propuestas que también se incluyen en la declaración atañen a que las prácticas de protección del medio ambiente no supongan una limitación de la capacidad productiva, “favoreciendo su aplicación mediante incentivos”; el establecimiento de mecanismos legales que aseguren precios justos para los agricultores y ganaderos, “además de otros que hagan lo propio con la aplicación del principio de reciprocidad para los productos importados y técnicas genómicas”; el compromiso de no retirar sustancias fitosanitarias si no se dispone de alternativas viables; o la implementación de programas que apoyen la transformación digital.
“En definitiva, medidas, intervenciones y actuaciones que consideramos necesarias para garantizar la sostenibilidad económica, social y medioambiental del sector agrícola y ganadero de Castilla y León, pero también la seguridad alimentaria y la dinamización de las zonas rurales”, ha resumido González Corral.
Aranceles EE. UU.
Durante el transcurso del Consejo Agrario también ocupó su lugar las consecuencias de la amenaza de aranceles por parte de la Administración Trump y su repercusión en el sector agroalimentario de Castilla y León, “responsable del 3,2 % de los casi 3.500 millones de euros que las empresas de la Comunidad exportaron a Estados Unidos durante el año 2024”, ha revelado la consejera.
En este sentido, González Corral ha recordado el plan de choque puesto en marcha por el Gobierno autonómico apenas unas horas después del anuncio realizado por el Gobierno americano, valorado en 16,5 millones de euros, y se ha referido al encuentro que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, mantuvo con partidos políticos, agentes del Diálogo Social y sectores productivos de cara a establecer una postura común y coordinada en defensa de los intereses de la Comunidad.
“La semana pasada hemos mantenido una reunión sectorial con todos los integrantes de las Denominaciones de Origen del sector vitivinícola de la Comunidad para tratar con ellos sus respectivas situaciones y posturas con respecto a los aranceles y en próximas fechas tenemos pensado hacer lo mismo con otros ámbitos como pueden ser las industrias o las cooperativas”, ha avanzado la consejera.
