La Junta se dota de una nueva ordenación de la competencias relacionadas con la condicionalidad reforzada y la condicionalidad social de acuerdo con el Plan Estratégico Nacional de la Política Agrícola Común (PAC) de España para el periodo 2023-2027. Este decreto, que se centra en cuestiones organizativas, se adoptó en la reunión del Consejo de Gobierno del pasado jueves, 7 de septiembre, y este martes se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).
En concreto, este miércoles entra en vigor el decreto, de forma que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural será el órgano de control especializado en el cumplimiento de las obligaciones de la condicionalidad reforzada, que deben cumplir las personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la Política Agrícola Común que reciban pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI).
También, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo se encargará de la realización de los controles sobre el cumplimiento de las obligaciones de la condicionalidad social. Además, Agricultura se encargará de la coordinación de las actuaciones.
El decreto, a propuesta del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, consta de seis artículos, en los que se establece su objeto, definiciones, así como las funciones de la consejería competente en materia agraria, de la referida a los asuntos laborales y sociales y las tareas de los departamentos con responsabilidades relacionadas y vinculadas a la condicionalidad reforzada aplicada al marco de la PAC.
