Las instituciones de la Unión Europea han llegado a un principio de acuerdo este viernes sobre la nueva Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2021-2027, tres años después de la propuesta.
La presidencia rotatorio del Consejo, que ostenta actualmente Portugal, ha conseguido que se llegara a un consenso entre las instituciones, después de que las conversaciones se frustraran hace un mes con acusaciones mútuas entre los negociadores de la Eurocámara y de los países.
“Me llena de gran satisfacción afirmar que lo hemos conseguido! En algunos puntos quizás hubiésemos querido un resultado distinto, pero en términos generales creo que podemos estar contentos del acuerdo alcanzado”, se ha felicitado el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, a través de su cuenta de twitter.
“Obviamente, es un acuerdo provisional que deben ver los ministros, y queda mucho trabajo técnio y legislativo para llevar a cabo la reforma de la PAC, pero estamos muy satisfechos, aunque ha sido difícil”, ha admitido la ministra portuguesa Maria do Céu Antunes, cuyo país le quedan pocos días para finalizar la presidencia rotatoria de la UE.
El acuerdo avanzó durante la madrugada de la noche del jueves, tras solventar uno de los puntos más complicados, el de los conocidos como ecoesquemas. Este nuevo sistema, parte de la arquitectura verde, ha sido una de las cuestiones que más divergencias ha provocado en las negociaciones.
Se trata de primas y ayudas a ganaderos y agricultores adicionales para que se tengan en cuenta prácticas sostenibles y de acuerdo con la lucha contra el cambio climático, todo ello más allá de exigencias obligatorias. Como ejemplos de eco-esquemas, se podrán prácticas como la ganadería de precisión, agroforestación o la ganadería ecológica.
Finalmente, los negociadores acordaron otorgar cierta flexibilidad durante los dos primeros años con un mínimo del 20 por ciento de los pagos directos destinados a los ecoesquemas, ampliándolo hasta al menos el 25 por ciento para los años 2025-2027. No obstante, su aplicación no será obligatoria para los agricultores, pero sí lo será para los Estados proponerla.
Hasta ahora, los países insistían en un 20 por ciento y la Eurocámara en el 30 por ciento, aunque finalmente la Presidencia portuguesa, en su última propuesta conseguió que se pudiera llegar al 25 por ciento.
La nueva PAC, que no entrará en vigor hasta 2023, cuenta con otros cambios respecto a la actual. Como la introducción de planes estratégicos nacionales por parte de cada Estado miembro en que deberá desglosar sus objetivos y compromisos a nivel europeo en cuestiones como por ejemplo, la lucha contra el cambio climático, y que los países deberán presentar y la Comisión Europea dará su visto bueno.
Unos planes que se esperan que los países puedan enviar como muy tarde antes de que acabe el año, entonces la Comisión Europea tendrá seis meses para estudiarlos.
En base a ello, se darán las ayudas asignadas a pagos directos y desarrollo rural. En total, la Política Agrícola Común tiene un presupuesto de 390.000 millones de euros, de los cuales España recibirá 47.724 millones en los próximos siete años. Con 34.000 millones para pagos directos y 7.800 para desarrollo rural.
Asimismo, el acuerdo se ha cerrado con que al menos el diez por ciento de los pagos directos se destinen a apoyar las producciones pequeñas y medianas. Para conseguirlo, los estados podrán crear una paga extra u optar por reducir progresivamente los pagos a partir de 60.000 euros por explotación y limitarlo hasta 100.000 euros por explotación, uno de los objetivos de la Comisión Europea para asegurar un reparto justo de los fondos europeos. Sin embargo, a pesar de la propuesta de Bruselas, esta opción finalmente no será obligatoria.
Durante las negociaciones, el Parlamento Europeo insistió en que la PAC fuera más verde, con más prácticas a favor del medio ambiente. Finalmente, se decidió que al menos el 35 por ciento del presupuesto para el desarrollo rural se apliquen normas dedicadas al cambio climático.
El presidente de la comisión de Agricultura de la Eurocámara, Nobert Lins, también se mostró satisfecho con el acuerdo, aunque admite “que no es perfecto”; pero aseguró que la nueva PAC ofrecerá a los agricultores y ganaderos “incentivos para hacer más por el medio ambiente”.
Según una investigación publicada esta semana por el Tribunal de Cuentas de la UE, denunció que el gasto agrícola financiado por la Unión Europea “no habría contribuido sea más respetuosa con el medio ambiente”. Según Bruselas, la agricultura es responsable del diez por ciento de las emisiones de efecto invernadero.
Con el fin de apoyar a los jóvenes agricultores, se podrá destinar al menos el tres por ciento de los presupuestos de la PAC a apoyarlos, a través de los fondos de desarrollo rural. Y finalmente, otra de las cuestiones que también había provocado controversia, la propuesta de la Eurocámara de introducir la conocida como “dimensión social”, con el fin de que haya mayores inspecciones y multas en caso que no se respeten buenas prácticas en el trabajo.
En ese sentido se ha acordado la creación de un mecanismo que conecta “como muy tarde en 2025 a los inspectores nacionales de trabajo con las agencia de pago de la PAC”, para sancionar posibles infracciones de las normas laborales europeas.
Tras el acuerdo alcanzado hoy, los ministros de Agricultura, que se reúnen el próximo lunes en Luxemburgo, lo analizarán con vistas a aprobarlo.
