Losacio, Figueruela, Monsagro, Montes de Valdueza, Cebreros, Navafría, Quintanilla del Coco... No son solo localidades cualquiera de Castilla y León. Forman parte de esa España vaciada, ahora también quemada, que este verano observó cómo el fuego se llevó sus ilusiones y quizás parte de su futuro. Pero lo más importante, también se llevaron vidas humanas. Fueron muchas poblaciones más las que vieron cómo los incendios de un verano brutal arrasaron hectáreas y hectáreas de arbolado, vieron pasar su pasado, presente y futuro en unos días con temperaturas extremas a causa del cambio climático, infladas por la sequía. La gran mayoría provocada por la mano del hombre, que con estas acciones se mata a sí mismo.
Su recuperación ha costado decenas de millones de euros a las administraciones, que han destinado varios paquetes destinados a la recuperación económica de estas zonas. Las cifras de este drama forestal ponen nombre a la tragedia sufrida en los montes de Castilla y León. Los incendios de este año han arrasado oficialmente 45.262 hectáreas arboladas en la Comunidad, lo que equivale a la superficie de los últimos diez años juntos, que contaban con un promedio anual de 4.369 hectáreas calcinadas, una media que se ha disparado este año. Tanto, que toda la masa arbolada que ha ardido en 2022 es la misma, por ejemplo, que un territorio tan extenso como la comarca de Tierra de Campos (4.400 kilómetros cuadrados), en las provincias de León, Palencia, Zamora y Valladolid. Los datos de balance de la Junta de esta dura campaña demuestran que este ejercicio ha sido el peor en el último decenio. Únicamente el año 2012, con 15.400 hectáreas, y el 2017, con 10.491, se cerraron por encima de las 10.000 hectáreas.
El año no empezó bien. Ya en enero, en Zamora, la provincia peor parada, se declararon incendios de nivel 1, acelerados por la sequía galopante. Los expertos ya advertían del alto riesgo de propagación en el oeste y sur y la Junta ya se vio obligada a declarar en invierno el peligro medio de incendios. Solo el último domingo de febrero, la provincia de León registró nueve fuegos forestales.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, compareció ante las Cortes en octubre para explicar que un escenario futuro sin fuego “no es contemplable” y aseguraba que el primero de los motivos es la mano del hombre, pero también mencionaba una “situación de anomalía climática”, en un contexto en el que le costaba pronunciar la denominación de cambio climático. En una reunión en Moncloa el 28 de julio, Mañueco y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acordaron dejar fuera de la “batalla política” los incendios, algo que nunca sucedió.
Sucesión de circunstancias
Echando la mirada atrás, fue a partir del 15 de junio cuando todo se desató. Primero fue el incendio en la Sierra de la Culebra (Zamora), al que se sumó el 17 de julio el de Losacio, que provocó cuatro fallecidos. Entre ambos, 66.000 hectáreas calcinadas, más de la mitad de ellas de alto valor ecológico. Todo se resumen en cientos de efectivos, nivel 2, decenas y decenas de medios contra las llamas, autovías y carreteras cerradas, el AVE a Galicia cortado, la actuación continua de la UME, declaración de zonas catastróficas y numerosos vecinos desalojados. Contó con la visita de autoridades, entre ellas las de Sánchez y Mañueco. Durante todo el verano todos los colectivos vinculados al operativo, partidos políticos y sindicatos exigieron la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, algo que éste siempre descartó.
Incluso CCOO llevó a la Junta ante la Fiscalía por considerarlo “negligencia” por falta de medios, pero la administración defendió que con más medios el resultado del primer incendio habría sido similar porque estaba fuera de la capacidad de extinción del operativo. Estos incendios sacaron a la calle a la población zamorana en varias manifestaciones.
El infernal verano en materia de extinción de incendios detuvo el tiempo principalmente en un ola a mediados del mes julio. Todo ello acompañado por una combinación de factores que multiplicó los daños: altas temperaturas, maleza seca por la sequía, comportamientos virulentos de fuegos ya calificados de nueva generación y, según los trabajadores, un operativo más reducido. Solo el 15 de julio se produjeron 35 incendios forestales, seis de ellos en nivel 1 y 2. En esos ocho días fueron casi 200 fuegos. Mientras los bomberos de Castilla y León pedían ayuda sus compañeros de otras provincias, el presidente de la Junta exigía la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para coordinar actuaciones.
Diálogo Social
La situación provocó que, de la mano del Diálogo Social, Suárez-Quiñones acordara con CCOO, UGT y CEOECyL una remodelación total en esta legislatura del operativo contra incendios de la Comunidad, que supondrá que el 90 por ciento de los casi 900 fijos discontinuos de las plantillas públicas que lo integran pasarán a ser fijos todo el año, con un coste de “decenas de millones”, y se ampliará a los trabajadores de las cuadrillas privadas sus trabajos durante nueve meses, frente a los 7,6 meses actuales. Se selló definitivamente el 27 de septiembre y duplicará el presupuesto destinado al operativo contra incendios forestales de manera consolidada durante las tres próximas anualidades para transformarlo y conseguir que pueda “acometer las realidades derivadas de la situación climática y de la sequedad de nuestras masas forestales”.
De hecho, en la presentación de los Presupuestos de su departamento, Suárez-Quiñones pronosticó un desembolso para 2023 de 24,12 millones de euros más que en este ejercicio, lo que supondrá un total de 75,62 millones, con lo que consideró se da cumplimiento al acuerdo del Diálogo Social en 2023.
No fue suficiente para la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (AtifCyL), que el 1 de octubre salió a la calle en Valladolid, y que coincidió con la llegada de la llamada Marcha Antorcha que salió de Villardeciervos (Zamora). Mientras, el Gobierno central aprobó sendas leyes por las que los bomberos forestales y los agentes medioambientales estaban más cerca de cumplir sus históricas demandas de tener las mismas condiciones laborales en toda España, puesto que actualmente dependen de cada comunidad autónoma.
Sequía y el polémico convenio
Una de las causas de los virulentos incendios de este verano fue la ausencia de lluvias. En febrero, la CHD ya advirtió de que el 70 por ciento de la superficie de la cuenca del Duero entraría ese mes en situación de sequía prolongada. La situación no mejoró y los pantanos fueron reduciendo su ocupación hasta bajar por debajo del 30 por ciento.
Pero en noviembre y diciembre llegaron copiosas lluvias que, aunque aún no compensan esta fuerte sequía, sí han aliviado las secas tierras de cultivos, e incluso han provocado desbordamientos de cauces. Con este agua, los embalses de la cuenca del Duero en Castilla y León han recuperado parte de su ocupación y la media se sitúa ya por encima del 42 por ciento en diciembre.
El escenario provocó una fuerte polémica con la aplicación del Convenio de Albufeira que terminó con el sector agrario y los regantes en las calles para mostrar su rechazo al desembalse, principalmente en León, después de que se conociera que Castilla y León debía ceder más de 200 hectómetros cúbicos de agua a Portugal. En ese momento, los embalses estaban al 35 por ciento, casi 30 puntos menos que la media de la década.
La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, afirmó que el Estado español es “serio” y recalcó que, “cuando hay un acuerdo firmado, los estados serios y las personas serias los cumplen en todos los órdenes”. España y Portugal alcanzaron un acuerdo para reducir la suelta de agua de los embalses hidroeléctricos en la última semana del año hidrológico por la situación de sequía que está atravesando Castilla y León y que ese hecho estima “parcialmente” las demandas de los regantes.
Finalmente, en la Cumbre Hispano Lusa del 4 de noviembre en Viana do Castelo (Portugal) se acordó que los dos países fortalecerán los mecanismos bilaterales de acompañamiento de los caudales, pasando de un formato trimestral a otro mensual, articulando la gestión. Asimismo, ambos países trabajarán conjuntamente para armonizar los indicadores de sequía y escasez que usan ambos estados y, en particular, los que caracterizan las situaciones de excepción recogidas en el Convenio de Albufeira.
Foco gripe aviar
En un año en que todo giró sobre incendios, el resto de temas no cayeron en el olvido. 2022 empezó con un foco de gripe aviar en aves silvestres en el municipio de El Oso (Ávila) y en una granja de pavos de Fuenterrebollo (Segovia) que obligó a sacrificar a cerca de 19.000 ejemplares e intervenir de forma cautelar a 11 granjas comerciales, si bien en ese momento el Consejo de Veterinarios de Castilla y León descartó riesgo de pandemia.
Más tarde fue en El Bohodón (Ávila), cerca de El Oso, y a primeros de abril fue el turno de otro foco entre las ocas de los márgenes del Pisuerga, en Valladolid capital, un episodio que se cerró con 93 muertes en algo más de un mes. Incluso, ahora, en los últimos días antes de Navidad, otro más de influenza aviar, de alta patogenicidad H5N1, se ha localizado en una explotación de cría de ocas en La Cistérniga (Valladolid).
Caza y lobo
Por otro lado, 2022 será recordado por la judicialización del sector de la caza y su afección sobre la especie del lobo. Y como esto acaba de empezar, tendrá su recorrido en 2023. Así, el 5 de abril el Gobierno presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de caza de Castilla y León, aprobada previamente, ya que, según argumentó el Ministerio para la Transición Ecológica, la normativa “afecta, como cuestión central, a la consideración del lobo como especie cinegética, es decir, susceptible de ser cazada”. A ello contestó Suárez-Quiñones, que aseguró que la Junta no tenía “ningún problema” en que el Gobierno presente un recurso de inconstitucionalidad a la ley de caza de la Comunidad, porque el TC ya se ha pronunciado en que es “plenamente constitucional”.
Sin embargo, la Administración autonómica presentó alegaciones contra el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno y señaló que “se situaba al lado” de los ganaderos, “víctimas de la decisión tomada por el Ministerio ante el régimen excesivo de sobreprotección del lobo que persigue el Estado”.
Pero el escenario cambió de rumbo y el Pleno del Tribunal Constitucional declaró “inconstitucionales y nulos”, por motivos competenciales, los preceptos de la Ley que permitían la muerte del lobo al norte del Duero. De este modo, estimó el recurso promovido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por que la norma autonómica “incurre en contradicción con la normativa básica sobre medio ambiente”.
En todo caso, se trataba de una sentencia sin efectos prácticos desde la entrada del lobo en el Listado de Especies Protegidas (LESPRE). Recientemente, el consejero pidió de nuevo al Gobierno que derogara la orden ministerial.
Por si fuera poco, a finales de octubre la Junta envió un requerimiento formal al Gobierno para reclamar 8,8 millones de euros asignados a Castilla y León para compensar los daños provocados a los ganaderos por parte del lobo. Adoptó esta medida antes de acudir a los tribunales al no haberse abonado lo acordado en la Conferencia Sectorial, si bien se terminó pagando a mediados de diciembre. Todo ello en un año en que los diferentes informes muestran visiones contradictorias. En 2022 se conoció, por parte del CSIC, que la población del lobo es “desfavorable, con dinámicas recurrentes de asentamiento de extinción en el tiempo”; si bien es cierto que, según los datos de ataques de lobos, Castilla y León registra uno cada tres horas, con hasta las 2.714 agresiones en 2021, la mitad en Ávila.
CHD
El 13 de octubre, María Jesús Lafuente sustituyó en el cargó en la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) a Cristina Danés, con el objetivo de cerrar pronto el Plan Hidrológico del Duero, que se encontró con el rechazo de la Junta y los regantes; además de con la Plataforma +Chopos Si, quien finalmente resultó satisfecha tras nueva planificación.
En 2022 se pusieron en valor varias redes de calor, como las de Valladolid, León, Burgos o Palencia; se desmanteló la estación de esquí de Navacerrada entre una fuerte polémica, aumentó la presencia de animales silvestres, tales como el oso o el jabalí, en el entorno de las ciudades, incluso dentro de las mismas: y se sucedieron varios episodios de altas concentraciones de partículas de polvo africano.
De hecho, el informe anual sobre la contaminación por ozono de Ecologistas en Acción concluyó que la totalidad de la población y del territorio de Castilla y León han estado expuestos este año a unos niveles insalubres de este contaminante.
