Stop Uranio ha manifestado dudas razonables acerca de la legalidad de los distintos procedimientos de autorización de la mina y planta de Retortillo-Santidad tras la visita realizada por la plataforma a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo del pasado viernes 22 de marzo. Sus miembros aseguran que la Comisión Europea “se escuda en que la judicialización de estos procedimientos impide que se actúe desde Europa en defensa del cumplimiento de la normativa europea”.
No obstante, la Plataforma valora “muy positivamente” el acuerdo tomado por la Comisión de Peticiones en el sentido de mantener abierta la petición formulada en agosto de 2017 para exigir a la Comisión que abra un procedimiento de infracción a España por los incumplimientos, para que europarlamentarios visiten la zona de la mina y para seguir incorporando información para reforzar las dos posibilidades anteriores.
También valoran “muy positivamente” que la Comisión Europea reconozca que “está lejos” de autorizarse la planta de concentrados de Retortillo. “El Consejo de Seguridad Nuclear español no tiene todavía toda la información necesaria para emitir el informe sobre la autorización de construcción de la planta”, sentencia la Plataforma. Además, añaden que para la puesta en marcha de esa planta “se necesitaría otro permiso más, cuya consecución conlleva el inicio de la labor minera, pero que es imposible que se obtenga hasta bien entrada la próxima década”.
Por otro lado, los miembros de la Plataforma consideran “muy relevante” que un eurodiputado portugués del bloque del Partido Popular europeo pidiera firmeza a la Comisión en la defensa de los intereses de Portugal en este asunto.
Además, en la reunión “quedó patente la inacción del Ayuntamiento de Retortillo en la construcción de una balsa y el desvío de la carretera comarcal SA-322 por parte de Berkeley Minera, además de la tala indiscriminada de encina de hace dos años”, apuntando que “se exigirá la resolución del procedimiento sancionador abierto a la empresa y que ésta sea condenada por ejecutar obras sin los permisos correspondientes”.
