La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), ante la modificación del Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, sobre las normas de condicionalidad, introduciendo dos nuevas prácticas de “Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales” (BCAM) relacionadas con la aplicación del purín y estiércoles en las superficies agrarias, solicitó, mediante el envió de una carta a la Consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León Milagros Marcos a principios de enero, que hiciera uso de las facultades previstas en la normativa y aplique las excepciones necesarias para evitar que algunas explotaciones agrarias no puedan adaptarse a las nuevas exigencias.
Desde la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ve imposible que los agricultores puedan adaptarse a las nuevas exigencias establecidas en la normativa porque supondría una inversión de más de 150.000 euros por explotación para poder inyectar los purines. Los agricultores no disponen de la maquinaría necesaria para enterrar el purín, y en ocasiones el tractor que disponen no es lo suficientemente potente y deberán comprar uno nuevo.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que el purín en primavera se aplica directamente sobre las superficies agrícolas ya sembradas, por lo que su aplicación mediante sistemas de inyección sería imposible ya que supondría levantar el cultivo. También se debe tener en consideración que la aplicación de purín en laderas no es recomendable mediante un sistema de inyección porque supondría importante riesgo de que el tractor pueda volcar. En laderas solo se puede aplicar el estiércol mediante sistemas de plato abanico o cañón, apunta UCCL.
Del mismo modo, esta organización profesional agraria sigue a la espera de la petición de reunión bilateral solicitada a principios del mes de enero a la Consejera de Agricultura y Ganadera, Milagros Marcos, al objeto de analizar y trasladar en persona la incongruencia de la aplicación de las prohibiciones referencias con anterioridad y de aplicación ya en el año 2018, aunque recientemente la Ministra de Agricultura, Isabel García Tejería haya anunciado un año de prórroga para adaptar la maquinaria a las nuevas exigencias legislativas.
Igualmente, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, organización estatal a la que pertenece la Unión de Campesinos, ha hecho una comunicación a la Comisión Europea por entender que se infringe lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 94 del Reglamento (UE) 1306/2013, que dispone que “Los Estados miembros no definirán requisitos mínimos que no estén establecidos en el anexo II,”, no encontrándose las prácticas en cuestión entre las recogidas en el citado Anexo.
