Según considera la Unión de Campesinos de Castilla y León, la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, “tras la propuesta de una organización agraria en la reunión del Consejo Agrario de Castilla y León, está valorando aplazar ‘sine díe’ la convocatoria del procedimiento de evaluación de la representatividad de las organizaciones agrarias en la Comunidad de Castilla y León”.
Por eso manifiestan que el Decreto 30/2016, de 1 de septiembre, sobre el procedimiento de evaluación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en la Comunidad de Castilla y León, recoge que la primera evaluación se realice en 2017.
Además, recuerdan que, ante la propuesta de la Consejería, y por acuerdo de todas las organizaciones agrarias más representativas de Castilla y León, se consensuó la celebración del proceso en febrero de 2018, “cediendo especialmente UCCL”, que manifestó que el Decreto debía cumplirse y por tanto celebrar elecciones este año.
“Para nuestra Organización es inaceptable que la consejera, Milagros Marcos, se esté planteando retrasar la convocatoria de elecciones basándose únicamente en el recurso contencioso-administrativo contra el citado Decreto, interpuesto por una organización agraria”, valoran.
Añaden que la interposición de recursos contra la normativa autonómica nunca ha sido para la Consejería un elemento a valorar para dejar en suspenso dicha normativa, “incluso teniendo resoluciones judiciales firmes que anulan órdenes dictadas por la Consejería, las ha mantenido”, aseguran. “Es el caso de la remolacha”, ejemplifican.
Por todo ello, UCCL entiende que este retraso es una “excusa” que Milagros Marcos está usando “para evitar la celebración de elecciones”. La opa ha tildado de “extraño” el asunto “dada la escasa interlocución que su Consejería mantiene con las organizaciones a quienes está relegando a un mero papel de receptores de información, sin permitir ni propiciar, que los legítimos representantes de los agricultores y ganaderos participen de una forma directa en la elaboración de las decisiones sobre política agraria que la Administración Agraria pudiera adoptar”, han concluido.
