Las comunidades autónomas de Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia han dado este martes un plazo de tres semanas, hasta el próximo 15 de junio, para que el Gobierno retire la orden ministerial por la que incluye al lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lerpe), mientras que si no lo hace presentarán un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo para solicitar medidas cautelarísimas de suspensión.
Así lo anunció el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras reunirse con la consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, y el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Guillermo Blanco, así como con representantes de las Organizaciones Agrarias, en nombre de las que acudieron el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, el secretario general de UPA Castilla y León, Aurelio González, y el secretario general de Coag, Miguel Blanco, entre otros.
Tras la cita, en la que se renovó “el compromiso en favor la ganadería y el medio rural” y la postura contraria a la inclusión del lobo en el Lerpe, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró que “no se está dando un no por el no”, sino que “se está pidiendo la retirada de la orden ministerial y la creación de una mesa de trabajo para discutir todo sin ninguna línea roja y crear un censo nacional del lobo”, en la que participen también representantes de las Opas, así como del Ministerio de Transición Ecológica y el de Agricultura, entre otras organizaciones “antes de que el Ministerio publique la orden en el Boletín Oficial del Estado para su entrada en vigor el 25 de septiembre”.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente reivindicó la existencia de “una estrategia nacional en materia de biodiversidad” fuera de la que “no se puede adoptar ninguna decisión ministerial sin tenerla en cuenta”. Por ello, consideró que necesita ser “renovada de abajo a arriba” para que se “elabore una actualización que se pueda remitir al Gobierno y se someta a un grupo de trabajo y una Conferencia Sectorial”.
Por ello, en caso de que el día 15 de junio el Gobierno central no haya retirado el proyecto de inclusión de la orden ministerial en el BOE y no se ha respondido a su llamada el diálogo las cuatro principales Comundidades Autónomas loberas de España, que cuentan con el 95 por ciento de los ejemplares existentes”, se verán “obligados” a “coordinar los censos nacionales”.
La consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, afirmó que en España “el lobo goza de una buena salud”, al tiempo que puso de relieve la “importante labor de las organizaciones agrarias” para que “exista un equilibrio entre el lobo y el hombre”, particularmente en un momento en el que desde 2015 “se han duplicado el número de avisos de ganaderos por ataques del lobo, con hasta 1.000 reses más atacadas”.
Una labor de coordinación que se ha producido hasta el momento en el que “se ha roto el consenso” con una orden ministerial en la que Vázquez trasladó que “llama la atención que solo recoge un argumento como es el valor ecológico y cultural, se expone que sigue criterios muy subjetivos que pueden dar lugar a una inconsistencia y se matiza que no se van a incrementar los recursos económicos”. “Para garantizar la biodiversidad hay que tener diálogo y no podemos proteger a una especie para que otras se vuelvan más vulnerables”, señaló.
Por su parte, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, mostró su “preocupación” por la situación de “inseguridad jurídica” que se pueda producir en caso de que se incluya al lobo en el Lerpe, por lo que abogó por “renovar la estrategia nacional” para evitar incertidumbres como “la posibilidad de que los planes de gestión de las Comunidades Autónomas puedan seguir vigentes”. Asimismo, consideró necesario “introducir a la ganadería extensiva en las políticas de defensa de la biodiversidad”, así como “nuevos presupuestos para ellos”.
Para el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Guillermo Blanco, la decisión tomada por el Gobierno de España es “un atentado contra el medio rural y un desprecio sin paliativos” por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que inicia “un camino que lleva a la despoblación”.
Una decisión en la que lamentó que “no se ha contado con las Comunidades Autónomas loberas”, que “cuentan con el aval de gestionar durante muchos años al lobo y haber hecho que la especie haya incrementado el número de ejemplares”. Tampoco se ha contado “con los parlamentos de las Comunidades, ni con el medio rural, ni con sus representantes” y se ha “despreciado las numerosas llamadas al consenso”.
“No queremos exterminar al lobo, pero tenemos que equilibrarlo porque está en la cabeza de la cadena trófica y, salvo el hombre, nadie puede hacerlo”, dijo Blanco, al tiempo que criticó que se “ha menospreciado a los ganaderos”, a los que “se quiere echar de su medio de vida para crear grandes reservas de lobos”, ante lo que “es una parte fundamental el Ministerio de Agricultura”.
Dimisión de Teresa Ribera
El presidente nacional de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, Pedro Barato, denunció que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico “ataca permanentemente al sector agrícola y ganadero” sin “una sola ley, orden o decreto a favor de la España vaciada”.
Barato fue tajante y avanzó que si el Gobierno no retira el proyecto de orden ministerial por la que incluye al lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lerpe) y convoca a las partes para sentarse a negociar, pedirán la dimisión de la ministra Teresa Ribera, al considerar que “están predominando los criterios ideológicos”.
En este sentido, el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, Miguel Blanco, que abogó por “impulsar la defensa de la ganadería y del medio rural” y acusó al Miteco de “traicionar la confianza del campo en el diálogo para sacar adelante algo que solo puede tener éxito en el consenso” y con la que se pretende “imponer una visión urbanita frente a la realidad del campo”, así como “poner un elemento más en la despoblación en el medio rural”.
Finalmente, el secretario general de la Unión de Pequeños Agicultores y Ganaderos de Castilla y León, Aurelio González del Río, puso de relieve que “los que están en peligro de extinción son los ganaderos de extensivo”, que en el caso de la Comunidad ostentan 14.000 explotaciones de vacuno y 2.000 de ovino, “ubicados en los pastos de montes afectados por el lobo”, que lleva a cabo “siete ataques diarios”.
Para González del Río “está en juego un modelo de producción ganadera”, por lo que es necesario “volver a la senda del diálogo”, mientras que se mostró partidario a “llegar a pedir la desaparición del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico” en el caso de que no se retire la medida.
