La Alianza UPA-COAG ha emitido un comunicado este lunes ante unas informaciones emitidas por la Unión de Campesinos de Castilla y León el pasado viernes que “en absoluto se ajustan a la realidad”. Por ello, desean aclarar lo siguiente:
- “Dice la UCCL en su comunicado que existe un acuerdo consensuado por todas las organizaciones agrarias para que el proceso se realice en febrero de 2018. Tal acuerdo no existe, salvo que se quiera dar carta de legitimación como acuerdo formal a una conversación entre algunos representantes de las organizaciones y de la Consejería, que no pasó de un intercambio informal de opiniones y en la que ni siquiera estaban presentes todas las organizaciones agrarias.
- “Tampoco es cierto, como afirma la UCCL, que sobre las ayudas a la remolacha haya sentencia firme puesto que aún está pendiente de resolución el recurso de casación que la Junta interpuso ante el Tribunal Supremo contra del fallo judicial ganado por la alianza UPA-COAG. En tanto no haya una resolución del TS, la Junta no está obligada legalmente a pagar a los remolacheros, cuestión ésta que sería conocida por la UCCL si hubiera acudido a los tribunales, como sí hizo la Alianza UPA-COAG para defender los intereses de todos los remolacheros, en vez de representar sólo los particulares de alguno de sus dirigentes”.
Por otra parte, advierten que el Decreto sobre el procedimiento de evaluación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias se encuentra actualmente recurrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, como consecuencia del recurso presentado por la alianza UPA-COAG, al entender que dicho Decreto no contiene las garantías democráticas necesarias para garantizar la transparencia del proceso.
En cualquier caso, para UPA-COAG, “en absoluto son comparables, como pretende hacer creer la UCCL en su comunicado, las consecuencias que se derivarían de una y otra sentencia, ya que mientras en el caso de la remolacha lo que está en juego es el tiempo en que la Junta abonaría la ayuda a los remolacheros, que sería en todo caso reparado con el pago de los intereses de demora correspondientes, en el caso del Decreto 30/2016, un hipotético fallo favorable a los recurrentes invalidaría el citado Decreto y, por extensión, todas las actuaciones que se hubieran acometido en su desarrollo, pudiendo llegar a invalidar los resultados de la consulta si ésta se hubiera producido”. Es decir, la anulación del Decreto podría implicar la repetición del proceso, según UPA-COAG, lo que supondría un enorme desgaste para todas las partes implicadas, además de un alto coste en recursos, humanos y económicos, incluida la propia Administración, sin reparación posible.
En definitiva, “consideramos necesario aclarar estos aspectos para que no se confunda interesadamente a la opinión pública sobre lo tratado en el Consejo Agrario del viernes 20 de octubre”. De igual manera, han querido aclarar la consejera no hizo tampoco pública su intención de atrasar o mantener la fecha de la consulta, “simplemente manifestó que existían condicionantes que obligaban a valorar más detenidamente las consecuencias de una u otra opción”.
Propuesta íntegra de UPA-COAG en el Consejo
Que la consulta para evaluar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en la Comunidad de Castilla y León se realice de forma conjunta a la consulta regulada en la Ley 12/2014, haciendo coincidir ambos procesos en la misma fecha, lo que evitaría duplicar los esfuerzos para obtener un único objetivo.
Finalmente, la alianza UPA-COAG siempre ha defendido, defiende y defenderá unas elecciones que midan la representatividad de las opas y cuyo proceso sea transparente y que tenga las suficientes garantías democráticas para que no se repitan los lamentables episodios de fraude las elecciones de diciembre del año 2012.
