En Castilla y León existen más de 84.700 funcionarios de la Junta de Castilla y León. Una cifra abrumadora procedente del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas del año 2014 que hace que más de la mitad del personal público de la Comunidad (188.000 empleados, o lo que es lo mismo, 13 de cada cien habitantes) cobre de la administración autonómica.
Y como todo el mundo supone, y con razón, la provincia de Valladolid se lleva la palma con creces. Un dato oficial: de los 58.000 empleados públicos de la Junta de Castilla y León que el pasado año 2016 formaban el censo para elegir en las urnas a sus casi 1.000 representantes sindicales, la capital pucelana sumaba 15.623 funcionarios/electores, seguida muy de lejos por León, con 10.766. Burgos sumaba 8.871 funcionarios, Zamora 4.909, Palencia 4.707, Ávila 4.146, Segovia 4.023, Soria 3.732 y Salamanca 1.888.
Y es que Valladolid, sin ser la capital oficial que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León se cuida mucho de no designar oficialmente, acapara la práctica totalidad de las sedes administrativas y centraliza todas las de mayor peso específico. No sólo el Parlamento autonómico, las Cortes, se sitúa a orillas del Pisuerga. También la totalidad de las nueve consejerías de la Junta de Castilla y León.
Fuera del epicentro administrativo tan sólo quedan las 'migajas' del Procurador del Común en León, el Consejo Consultivo en Zamora y el de Cuentas en Palencia, porque el Consejo Económico y Social también está en Valladolid.
Pero la amplia lista de entidades públicas, empresas públicas y fundaciones públicas que se asientan igualmente en Pucela es más abultada aún. Casos tan a priori irracionales como que en Valladolid se sitúe el Centro de Recuperación de Animales Silvestres, cuando cualquiera otra de las ocho provincias restantes tiene mucho más terreno natural y ejemplares de cualquier especie valiosa.
Algo parecido ocurre con el Vivero Forestal regional, también en Valladolid, como la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes, la Fundación Patrimonio Natural o la de Hemoterapia, el Instituto Tecnológico Agrario, el Comisionado de la Lengua Española o el Servicio 012 de Atención al Ciudadano, de consulta exclusivamente telefónica.
Así hasta quince casos de entidades públicas de la Junta que por voluntad política no se han descentralizado nunca aplicando criterios objetivos de racionalidad y funcionalidad. Quince cosas que están en Valladolid y que podrían estar -incluso mucho mejor- en cualquier otra provincia de Castilla y León.
iLeon.com se ha propuesto sugerir nuevos emplazamientos a estos 15+1 casos en un ejercicio de política-ficción exclusivamente con el objetivo de abrir el debate de la descentralización, que tanto alimenta -y no sólo en la provincia leonesa- los recelos hacia Valladolid o hacia el Gobierno del PP en la Comunidad, o a ambos. Y que alienta debates como la idoneidad de que León, o la Región Leonesa, se considere maltratada y exija desgajarse de Castilla, lo que en los últimos tiempos se conoce como LExit, el Brexit británico frente a Europa, pero a la leonesa.
Propuestas que pueden ser más o menos justificadas de manera objetiva, acaso un reparto caprichoso que en todo caso podría ser igual de caprichoso que la decisión de ubicar esas sedes en su día todas en Valladolid.
