La crisis económica y en particular la financiera se han llevado por delante buena parte de los puestos de trabajo del sector bancario, que se ha visibilizado en el cierre de oficinas. Un asunto que ha afectado particularmente al mundo rural, donde todos los bancos han adelgazado sus redes dejando a muchos ciudadanos sin acceso directo a un servicio que sigue siendo esencial y donde la tecnología muchas veces no puede suplir esta necesidad.
Según datos del Banco de España en la provincia de León desde 2008 cayeron las oficinas bancarias un 24,5%. En ese año, 2008, había 554 sedes, muy lejos de la cifra del otoño pasado que se situaba en 418, es decir, 136 menos. Y aquí todavía no se contabilizaban algunos cierres que se han producido este año como los de ocho oficinas en el entorno rural que ejecutó EspañDuero en el primer trimeste del año.
Un informe -'El acceso a los servicios bancarios en España. El impacto de la reducción del número de oficinas'- pone ahora datos a este fenómeno que los bancos justifican en la necesidad de ahorro de costes y en el mayor acceso a las nuevas tecnologías ligadas a servicios financieros.
Según sus datos en la provincia de León un 15,2% de la población no tiene acceso a una oficina bancaria en su municipio. En total 131 de los 211 municipios de la provincia no tienen ninguna oficina, lo que implica desplazamientos para acceder a los servicios bancarios o esperar a que las oficinas móviles de algunos bancos pasen por la capital del municipio. Estos datos suponen que León es una de las peores provincias con acceso bancario solo detrás de Zamora, Segovia, Ávila y Palencia.
En términos numéricos 73.080 personas de la provincia no tienen una oficina en su término muncipal, una cifra que coloca a León sólo por detrás de Barcelona en cuanto a ciudadanos sin acceso bancario, pero en la provincia de Barcelona viven 5,5 millones de habitantes por los menos de medio millón de León.
Si se toman como referencia los datos al inicio de la crisis (2008) 7 municipios leoneses han perdido todas sus oficinas en estos años ya que entonces no tenían ninguna 124 y la población sin acceso era inferior a 70.000 personas, pero entonces vivían en la provincia de León 25.000 personas más.
El informe recuerda que si bien ha avanzado mucho la penetración de la banca online, "sigue siendo mayoritario el porcentaje de la población que no la usa (un 59,4%), por lo que la oficina bancaria sigue cumpliendo un papel fundamental en el acceso a los servicios financieros".
Precisamente el incremento del grado de penetración de la banca online en España en los últimos años (el porcentaje de la población que utiliza esta de banca se ha duplicado desde 2008 y representaba en 2015 el 39,4 %) ha sido uno de los argumentos esgrimidos por el sector para reducir sus oficinas.
El informe, publicado por la entidad Cajamar, reconoce que "menos oficinas implica menor accesibilidad, que puede ser un problema cuando se convierte en exclusión financiera" pero apunta que "menor accesibilidad no implica necesariamente exclusión financiera (dada la existencia de otros canales de acceso a los servicios bancarios distintos de la oficina física, como la banca online o telefónica)" pero subraya que "en algunos colectivos que puedan sufrir de una brecha tecnológica (por menor cultura financiera o peor o incluso nulo acceso a las TIC), el no acceso a una oficina bancaria en su lugar de residencia puede ser un problema".
No obstante el cierre de oficinas bancarias en el mundo rural implica una falta de servicios que puede afectar al mantenimiento de la población, que no puede suplirse en muchos casos con servicios online por la ausencia de conexión a internet de calidad. Por ello los últimos cierres de oficinas no sólo han sido protestados por los ciudadanos, sino secundados por ayuntamientos como Cabrillanes o Toreno. Llevando incluso al cierre de cuentas y portazo institucional a aquellos bancos que dan la espalda a sus clientes priorizando sus beneficios.
