A través de la Asociación de Trabajadores Laborales Indefinidos de Castilla y León, creen que la reestructuración que llevará a cabo la Junta, tal como está diseñada conducirá, en realidad, al despido". Quieren que la Junta abra un proceso negociador, en el cual se reconozca su condición de personal laboral indefinido, pues no son trabajadores "temporales" y convoque una oferta pública de empleo "adecuada y razonable", que suponga una ampliación real de sus plantillas que permita el acceso a nuevos trabajadores.
Consideran que debe respetarse su circunstancia laboral y no sea una "supuesta" oferta de empleo público que se basa en el despido de los trabajadores de más edad y experiencia y que ya llevan años prestando servicios "en unas condiciones que son las que ha marcado la propia Junta, responsable de esta situación".
Por provincias, siete trabajadores se encuentran en Burgos, 37 en León, siete en Palencia, 15 en Salamanca, seis en Segovia, 16 en Soria, 16 en Zamora y 36 en los servicios centrales de la consejería en Valladolid. Los siete de Ávila son cuatro ingenieros de montes, un ingeniero técnico forestal, un licenciado en Químicas y un auxiliar administrativo.
Antigüedad
El colectivo está formado por ingenieros de montes y forestales, geógrafos, biólogos, químicos o licenciados en Ciencias Ambientales, entre otros profesionales técnicos, con una media de edad de más de 47 años y una antigüedad media superior a los 15 años (alguno llega a los 30).
Critican que la reestructuración se quiera vender como una mejora de la oferta de empleo público, cuando "no supone un incremento de puestos de trabajo en la Administración regional, pues se basa en despedir a trabajadores indefinidos con gran experiencia en el desempeño de sus funciones, y sustituirles por otras personas".
La Asociación de Trabajadores Laborales Indefinidos advierte que durante años la consejería ha visto ampliadas sus competencias y obligaciones “sin que haya ampliado la plantilla de funcionarios para atender esas obligaciones”, mientras que no se han convocado oposiciones o en número muy insuficiente, por lo que han recurrido a la contratación de personal laboral por obra y servicio para cubrir esas necesidades, que se ha ido prorrogando durante años.
En muchos de los departamentos, estos trabajadores que ven peligrar su puesto de trabajo representan más del 50% del personal técnico. Como ejemplo señalan que el 30% de los técnicos del operativo de extinción de incendios forestales son personal laboral indefinido, porcentaje cercano al 70% en las provincias de León y Zamora, y asciende al cien por cien del personal del Centro del Fuego.
Además, más del 50% del personal que gestiona y tramita las ayudas a particulares (reforestación de tierras agrarias y otros asuntos) tiene esta misma situación laboral y una cuarta parte de los técnicos encargados de poner en valor los 3.500 montes de utilidad pública de la Comunidad son laborales indefinidos.
Los jueces, han agregado, a la vista del trabajo que realizaban, tareas propias de la Administración que en muchos casos no se correspondían con la obra objeto del contrato, han resuelto que sus contratos suponían fraude de ley y que, por lo tanto, su relación laboral con la Junta de Castilla y León "es de carácter indefinido", ha indicado el colectivo afectado.
Sus intereses
Recuerdan que la Junta ha sido la “responsable de crear esta situación laboral” al establecer en cada momento y “conforme a sus intereses” pruebas de selección o bolsas de empleo derivadas.
Según la asociación, las sentencias del personal afectado únicamente reconocen el fraude de ley en el que estaban sus contratos por obra o servicio, y por tanto, "con el reconocimiento del contrato por tiempo indefinido se daría cumplimiento a las sentencias, resolviendo el problema".
Sin embargo, los responsables de la Junta parece que, "escudándose infundadamente en una interpretación del cumplimiento de las sentencias, pretenden crear plazas de funcionario, en sustitución de los puestos de trabajo de este personal laboral indefinido" con su consiguiente despido en el momento que se ocupen las plazas creadas.
Frente a esto, señalan que la Junta "afirma que ésta es la única solución legal posible, indicando que las tareas realizadas hasta ahora por el personal afectado deben ser desempeñadas por personal funcionario", si bien rechazan el argumento “porque durante una media de 15 años, en algunos casos hasta 30, la Administración regional no ha visto problema en que dichas tareas hayan sido desarrolladas por personal laboral en lugar de funcionario”.
Esta situación -apuntan- ha ocurrido en otras comunidades autónomas, ayuntamientos o en el Estado, pero “han elegido otras alternativas legales, como el mantenimiento de los puestos de trabajo como personal laboral, que causan menos perjuicio tanto a los trabajadores afectados y sus familias, como a la sociedad en general".
También dicen no comprender por qué, para su caso, "la Junta de Castilla y León se ciñe a la solución que puede acarrear las consecuencias más perjudiciales", a lo que añaden que algunos de estos afectados, que desarrollan tareas técnicas, poseen titulaciones como Geografía, Ciencias Ambientales o Ingeniería Química, para las cuales no existe un cuerpo específico de funcionarios en la Junta frente a lo que sucede en otras comunidades.
Por ello, critican que esto dará lugar a que cuando se creen las plazas de funcionario, los empleados que tengan las mencionadas titulaciones se encontrarán en una "flagrante desigualdad" y muchos de los técnicos que gestionan los expedientes de suelos contaminados, el control de la contaminación y los residuos, la planificación ambiental, la protección de especies silvestres o los espacios naturales "se encuentran en estas circunstancias laborales que se denuncian".
También subrayan que es “paradójico” que la propia Junta, que subvenciona a las empresas para que contraten a personas mayores de 45 años, esté dispuesta a despedir a sus propios empleados con esa misma edad o superior, y “poner en tela de juicio la credibilidad de un Gobierno regional que dice luchar contra el despido de trabajadores en diversas empresas privadas, cuando ella planea desprenderse de más de 150 personas de su plantilla”.
