La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha intensificado su labor de control en la industria alimentaria, lo que se ha traducido en un significativo aumento de las sanciones impuestas durante el año 2024, tal y como recoge la agencia Ical. Según el informe sobre el control oficial de productos alimenticios, se contabilizaron un total de 480 sanciones, lo que representa un incremento del 48,1 % en comparación con las 324 registradas en 2023.
El sector de las comidas preparadas y cocinas centrales se posicionó a la cabeza de las infracciones, concentrando el 44 % del total con 228 expedientes sancionadores y 211 sanciones formalizadas. Le siguieron los establecimientos polivalentes (20,2 %), con 111 expedientes y 97 sanciones; el sector de carne y derivados (13,1 %), con 70 expedientes y 63 sanciones; y el de vegetales y derivados (7,3 %), con 38 expedientes y 35 sanciones. En conjunto, estos cuatro sectores acumulan el 84,6% de todas las sanciones impuestas a los establecimientos de productos alimenticios en Castilla y León.
Castilla y León cuenta con una vasta red de industrias y establecimientos alimentarios, distribuidos en 20 sectores y sumando un total de 42.616 establecimientos. Estos se clasifican en seis fases operativas: fabricante/elaborador (3.588), envasador (949), almacenista distribuidor (3.496), distribuidor sin depósito (952), minorista (33.418) y otros (213), que incluye mataderos, lonjas y mercados mayoristas.
A pesar del aumento en el número de sanciones, el informe destaca una ligera disminución en el total de incumplimientos detectados. En 2024, se registraron 10.300 incumplimientos, un 3,6 % menos que el año anterior. Estas desviaciones, detectadas por los inspectores respecto a la legislación vigente, se clasifican según su gravedad, lo que lleva a los Servicios Oficiales de Salud Pública a adoptar diversas medidas: desde propuestas de cierre, establecimiento de plazos de corrección, planificación de nuevas visitas de seguimiento, hasta la limitación o suspensión de la actividad, la intervención de medios materiales, la inmovilización de productos o la inclusión en la red de alerta sanitaria.
Los incumplimientos se segregan en tres categorías principales: estructurales (2.367), aquellos que afectan a la estructura física del establecimiento; operacionales (6.386), determinados por la actividad diaria del operador económico; y ligados al producto (1.547), relacionados con defectos en el etiquetado de los productos alimenticios.
En cuanto a los sectores con mayor número de incumplimientos, el de comidas preparadas y cocinas centrales vuelve a destacar, representando más de la mitad del total con un 59,3 %. Le siguen los establecimientos polivalentes (18,5 %), carne y derivados (8,6 %) y cereales y derivados (6,5 %).
Estos datos subrayan el compromiso de la Consejería de Sanidad con la seguridad alimentaria en Castilla y León, buscando garantizar la calidad y la inocuidad de los productos que llegan a los consumidores.
